Hace casi dos años, la noticia de las muertes de 72 migrantes despertó a muchos que aún no sabían que cada año miles y miles de personas migrantes en situación irregular son secuestrados, torturados y vilmente asesinados.

Organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para expresarles su preocupación por los contenidos del proyecto de reforma del Código Federal de Procedimientos Penales, basado en la propuesta presentada por Calderón en septiembre de 2011.

El día de ayer, el Centro Prodh, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes dieron a conocer su enérgico rechazo a las menitras difundidas en días recientes por autoridades chihuahuenses y federales en el caso de la detención arbitraria y fabricación de cargos falsos en contra de Israel Arzate Meléndez.

El miércoles pasado, organizaciones civiles protestaron frente a la embajada de Canadá en la Ciudad de México, por recientes hechos en torno al activista y defensor de derechos humanos Bernardo Vásquezquien fuera el representante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, quién perdió la vida la noche del 15 de marzo después de ser emboscado por sujetos desconocidos en Santa Lucia, Ocotlán.

Después de dos meses de su injusto encarcelamiento, su libertad fue posible gracias al apoyo de su organización (la OPIM) y al intenso trabajo de defensa, documentación y difusión realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El día de mañana, viernes 23 de marzo, se llevará acabo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, D.C., una audiencia temática sobre la situación de las personas migrantes no localizadas y restos no identificados en México, misma que fue solicitada por organizaciones de la sociedad civil de México, Honduras, El Salvador y Argentina.