Después de dos meses de su injusto encarcelamiento, su libertad fue posible gracias al apoyo de su organización (la OPIM) y al intenso trabajo de defensa, documentación y difusión realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Ante la omisión legislativa de reformar el Código de Justicia Militar, la SCJN conocerá el caso de Bonfilio Rubio Villegas, ejecutado extrajudicialmente por militares. Mientras tanto, el Centro Prodh y Tlachinollan presentan conjuntamente al Senado elementos esenciales sobre los contenidos de la urgente reforma.

Saúl Vicente Vázquez, del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, emplazó al gobierno mexicano a encontrar y castigar a los culpables de lo que calificó como un cobarde asesinato. Asimismo, destacó que este ataque se suma a la larga cadena de agresiones que la comunidad que se opone a la minera ha sufrido, por lo que el asesinato no debe quedar impune.

Respaldada por más de 200 organizaciones, se busca crear un mecanismo de prevención y protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Apenas el 19 de enero pasado, Bernardo había cuestionado duramente al gobierno de Gabino Cué, al calificarlo de incapaz para resolver el conflicto que priva en San José del Progreso y de prestarse a los intereses de la minera Cuzcatlán.

El día de ayer, Ariel Dulitzky, integrante del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, en conferencia desde Ginebra Suiza presentó el informe en esta materia a autoridades de Gobierno mexicano, medios de comunicación y sociedad en general, desde las instalaciones de la Oficina del Alto Comisionado en México.