Con marchas y fotografías intervenidas digitalmente, mujeres hidalguenses exigieron este 29 y 31 de agosto un freno a las desapariciones y asesinatos violentos que han sucedido en la Región de Tula-Tepeji. (…)

«Ante el libre ejercicio del derecho al acceso a la justicia, el gobierno federal ha iniciado una campaña de deslegitimación del trabajo de las organizaciones civiles, a través de agresiones a organizaciones defensoras e indígenas, y, de manera reciente, a través de una campaña mediática que pretende hacer ver la cooperación internacional como ilegal» (…)

** AMLO propone rescate de cuerpos en la mina Pasta de Conchos o un monumento/ El Debate
** El Presidente defiende combate contra la corrupción: “No es una persecución política o facciosa”/ Sin Embargo
** Presos con síntomas de Covid-19, sin atención/ La Jornada
** Víctor Toledo renuncia a la Semarnat por “motivos de salud”/ Proceso
** Gobierno aumenta recursos para el Tren Maya y los reduce para Refugios/ Cimac ** Rechazo total a la minería en San Miguel Chimalapa/ Pie de Página
** Uno de cada tres niños en el mundo no puede acceder a clases a distancia: Unicef/ Desinformémonos (…)

El caso ejemplifica lo que se ha normalizado con el despliegue militar: un uso de la fuerza letal propio de una lógica de guerra (que pone en riesgo a cualquiera), la falta de supervisión civil sobre la actuación militar, la aceptación social de que algunas personas son un enemigo interno “opositor” que el Estado puede/debe eliminar y que otros serán daños colaterales y, la erosión de derechos fundamentales (la culpa se presume con la muerte). (…)

Jazz Bustamente, integrante del colectivo Soy Humano y del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, indicó que en lo que van del año han documentado alrededor de 50 asesinatos, 19 de ellos en Veracruz, seguido de Guerrero, estado de México, Michoacán y Chihuahua. (…)

«Calificar a dichas organizaciones y al medio como ‘opositores’, cuestionando la legitimidad de su labor por denunciar violaciones a los derechos humanos, es un acto que criminaliza y desacredita la labor de defensa de derechos humanos y la libertad de expresión», señalaron las organizaciones.