Ciudad de México, 01 de septiembre de 2020. Organizaciones indígenas y de la sociedad civil atacadas por el Gobierno federal por su oposición al llamado Tren Maya exigieron respeto a su trabajo y rechazaron la desacreditación contra comunidades que defienden legalmente su territorio.
En su conferencia matutina del 28 de agosto, el Gobierno federal presentó información de dominio público, apuntando que algunas organizaciones de la sociedad civil y un medio de comunicación recibieron fondos de fundaciones y organizaciones extranjeras “para oponerse a la construcción del Tren Maya”. A lo largo de la presentación de esta información, se calificó de “benefactores y opositores” a estas organizaciones, así como a sus fuentes de financiamiento.
El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil A.C., el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Diálogo y Movimiento A.C., Indignación A.C. y la Fundación para el Debido Proceso Legal A.C., organizaciones acusadas en el documento, le recordaron al Ejecutivo federal que es un derecho de las personas y las comunidades ejercer la legítima defensa legal contra proyectos que lesionan sus derechos, como en el caso del llamado Tren Maya, que fue decidido sin la participación de los pueblos, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
Por ello, varias comunidades indígenas han decidido impugnar, con el acompañamiento de las organizaciones civiles, este proyecto.
«Ante el libre ejercicio del derecho al acceso a la justicia, el gobierno federal ha iniciado una campaña de deslegitimación del trabajo de las organizaciones civiles, a través de agresiones a organizaciones defensoras e indígenas, y, de manera reciente, a través de una campaña mediática que pretende hacer ver la cooperación internacional como ilegal. La Fiscalía General de la República y otras instituciones han recibido el pasado 17 de agosto una denuncia en contra de organizaciones que se han manifestado críticamente ante el proyecto Tren Maya», denunciaron.
Las organizaciones recordaron que atacar la labor de las organizaciones de derechos humanos no solo implica una grave violación al universal derecho a defender los derechos humanos, sino también tiene como objetivo invisibilizar que son las y los integrantes de las propias comunidades, quienes se oponen a un proyecto que impactará de manera irreparable su territorio y forma de vida.
«Reiteramos que los amparos interpuestos en contra del proyecto Tren Maya por parte de personas indígenas de varias comunidades de la Península constituyen un camino dentro del marco institucional, para oponerse a un proyecto que viola los derechos humanos al territorio, un medio ambiente sano, al agua, al consentimiento libre, previo e informado, a la salud, a su vivienda, a su hábitat y a la vida», sostuvieron.
Personas de diversos sectores sociales, particularmente personas defensoras indígenas y rurales, así como organizaciones de la sociedad civil, han enfrentado ataques, persecuciones, criminalizaciones, ejecuciones, agresiones, así como intentos de deslegitimación y estigmatización. El CEMDA ha documentado más de 500 agresiones desde enero de 2012 hasta diciembre de 2019.
«En este contexto, lamentamos que la administración gubernamental actual criminalice el trabajo de las personas defensoras indígenas y de las organizaciones de la sociedad civil. Queremos enfatizar que nuestro trabajo en décadas ha sido en favor de los derechos humanos, el bienestar de las personas y comunidades, y de todos los seres vivos con los cuales coexistimos en este planeta, muchas de estas acciones relegadas o abandonadas por el Estado», resaltaron.
Las y los defensores afirmaron que la cooperación internacional para el desarrollo es legal, así como los donativos de particulares, empresas y fundaciones nacionales e internacionales, recordando que el propio gobierno mexicano hace uso de la cooperación internacional y otorga recursos para la defensa de derechos humanos.
«Los recursos económicos con los que trabajamos siempre han sido transparentes y tienen como propósito fortalecer las capacidades para la exigibilidad y defensa de los derechos humanos de las personas y colectivos. Cumplimos en tiempo y forma con nuestras obligaciones fiscales, y somos frecuentemente auditados sobre el destino de estos recursos, ejercemos nuestros derechos y cumplimos nuestras obligaciones conforme al derecho mexicano», insistieron.
Las organizaciones adelantaron que seguirán alzando la voz cada vez que se cometen violaciones de derechos humanos, cada vez que una personas defensora sea agredida, cada vez que un ecosistema sea degradado.
«Nuestro trabajo nos acredita: actualmente, trabajamos con comunidades campesinas e indígenas en temas como la regularización de la tenencia de la tierra, en la regulación de su vida interna, en la excarcelación de presos y presas indígenas, en capacitación de intérpretes traductores indígenas, en la capacitación en derechos humanos en general por la contaminación del agua por glifosato, la explotación minera y afectaciones de proyectos de energía, el fortalecimiento de capacidades locales para el control de los bienes comunes y del territorio, entre muchos otros», explicaron.
Las y los defensores exigieron del presidente de la República una disculpa pública por las agresiones directas en su contra. De su gobierno y autoridades de todos los niveles de gobierno, exigieron el respeto a las garantías a los derechos humanos de las personas defensoras, especialmente de quienes defienden su autonomía y libre determinación, su territorio, su medio ambiente y sus bienes naturales.
«En particular, solicitamos a la Fiscalía General de la República el estricto apego al Estado de Derecho y a los derechos humanos en las investigaciones que se hayan eventualmente comenzado en contra de las personas defensoras, sin que sean utilizadas como mecanismos de criminalización e intimidación», finalizaron.