El caso no muestra un fenómeno desconocido para el país. Más bien, ejemplifica lo que se ha normalizado con el despliegue militar: un uso de la fuerza letal propio de una lógica de guerra (que pone en riesgo a cualquiera), la falta de supervisión civil sobre la actuación militar, la aceptación social de que algunas personas son un enemigo interno “opositor” que el Estado puede/debe eliminar y que otros serán daños colaterales y, la erosión de derechos fundamentales (la culpa se presume con la muerte).
Los hechos de Nuevo Laredo muestran además por qué es tan irresponsable el Acuerdo Militarista del 11 de mayo por el cual el Presidente facultó a las fuerzas armadas a hacer directamente tareas de seguridad pública sin ninguna regulación, fiscalización o control civil. Ese acuerdo es el vehículo para perpetuar las prácticas que desde el calderonismo son nuestra normalidad: los patrullajes “de rutina” que terminan en enfrentamientos y en el exterminio de “presuntos delincuentes” a quienes no se les tiene que probar nada.
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