Los días 28 y 29 de febrero de 2012, reunidos en el Centro Indígena de Capacitación Integral, Universidad de la Tierra en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, decenas de organizaciones se encontraron para intercambiar experiencias y saberes. Esto, dentro del compromiso con la construcción de alternativas que frenen y transformen las condiciones estructurales y sistémicas que han desatado la violencia de Estado.

El día de ayer se llevó a cabo en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la presentación del libro Los Mártires de la Democracia. La larga lucha de una familia de la Comunidad Indígena de Tarejero por la verdad y justicia, de Abdallán Guzmán Cruz y Julio Pimentel. El libro es un recuento de los 37 años de lucha desde la detención arbitraria y desaparición forzada de José de Jesús Guzmán y de sus hijos Amafer, Armando, Solón y Venustiano Guzmán Cruz.

Sin tomar en cuenta las sugerencias de la OACNUDH para posibilitar una buena práctica legislativa en materia de Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas, se aprobó un tipo penal que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que, en cambio, muestra la falta de compromiso del ejecutivo y del legislativo con las familias de personas desaparecidas y con la vigencia de los derechos humanos en Coahuila.

Israel Arzate Meléndez fue víctima de tortura por militares en Ciudad Juárez, quienes lo obligaron a incriminarse por delitos que no cometió. Actualmente, se encuentra bajo arraigo en un proceso plagado de irregularidades que cuestiona la eficiencia del nuevo sistema de justicia penal. Por esto, la ONU y las OSC exigen al Estado mexicano su inmediata liberación.

El gobernador de Chihuahua, César Duarte, informó a madres y familiares de jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez que en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la localidad sólo están los […]

El día de ayer, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dio a conocer su Informe «Migrantes somos y en el camino andamos», en el que a partir del registro y documentación de la situación de la población migrante que es jornalera agrícola, se constata una sistemática violación a los derechos humanos.