La publicación cuestiona las líneas de investigación más sólidas derivadas del trabajo de la asistencia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado 9 de julio la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó la Recomendación 208VG/2026, la expresión más reciente de la profunda deriva del organismo público de derechos humanos. Un documento de 867 páginas que, en lugar de contribuir al acceso a la verdad y la justicia de las familias de los estudiantes tras casi 12 años de impunidad, exime a las Fuerzas Armadas de responsabilidad en los hechos y descalifica a organismos internacionales, el trabajo de la asistencia técnica, a los esfuerzos institucionales de servidores públicos que buscaron esclarecer el caso y a organizaciones de la sociedad civil, lo cual, como señalamos inmediatamente tras la publicación de este documento, refleja una profunda insensibilidad frente a las demandas de verdad y justicia de las familias y de la sociedad.
Lejos de contribuir al esclarecimiento del caso, el documento busca demeritar los esfuerzos puestos para alcanzar la verdad a lo largo de los años. En su intento por desacreditarlos llega al extremo de hablar de la creación de una “Anti-verdad”, que a decir del organismo está guiada por el deseo de “alimentar el sensacionalismo que genera la idea de que el responsable de la desaparición de los 43 normalistas fue el Ejército”. En esa lógica, para deslindar de cualquier responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la publicación reproduce extensamente las respuestas de las Fuerzas Armadas, omitiendo incluso hechos ya acreditados por tribunales nacionales –como las acusaciones en contra de 17 militares vinculados a proceso por delincuencia organizada– o información que ha sido confirmada por los propios documentos militares y por diversos medios de comunicación. Más grave aún, el documento desconoce lo que ya ha sido reconocido por resoluciones judiciales, respecto a la existencia de información de inteligencia que SEDENA ha negado durante los años.
La publicación cuestiona las líneas de investigación más sólidas derivadas del trabajo de la asistencia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También extiende sus críticas a la labor de funcionarios públicos, incluyendo al entonces titular de la UEILCA y al presidente de la COVAJ, quien respondió publicando diversos documentos y señalando –con razón– que nunca antes una institución nacional de derechos humanos había sido señalada “por emitir una recomendación que pareciera colocarse del lado de los presuntos victimarios”.
Lamentablemente, el documento no se detiene ahí. Cuestiona la legitimidad de las organizaciones que desde 2014, hemos acompañado a las familias de los estudiantes desaparecidos. En el caso del Centro Prodh –mencionado en más de 60 ocasiones–, descalifica a sus dos anteriores directores –quienes en todo momento se condujeron con honestidad y cercanía a las familias– y llega al extremo de solicitar información financiera al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y presentarla de manera tergiversada. Lo mismo ocurre con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Serapaz y FUNDAR. En todos los casos, termina por negar la capacidad de decisión de las propias víctimas al poner en duda la legitimidad de los acompañamientos.
No se trata de una retórica nueva. La narrativa según la cual las organizaciones de la sociedad civil forman parte de una estrategia de “injerencia extranjera” y el recurso a mecanismos internacionales constituye una “novedosa modalidad de intervencionismo” reproduce los argumentos utilizados de manera recurrente durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para desacreditar a organizaciones civiles y organismos internacionales. Más allá del caso Ayotzinapa, este tipo de discurso enciende alertas –como ya lo ha señalado la propia Relatora Especial sobre la situación de Personas Defensoras–, pues en diversos países ha servido para justificar restricciones al espacio cívico y ataques contra quienes defienden derechos humanos.
Por ello, será relevante conocer si las instituciones recomendadas tienen una valoración sobre la posición del organismo público, ante el análisis ya anunciado por la propia presidenta.
Desde hace ya varios años, en este espacio y otros hemos documentado el deterioro de la autonomía de la CNDH, que hoy ha mostrado con esta publicación que ha terminado por subordinarse no sólo al proyecto político en el poder, sino también al poder militar.
En el marco del caso, el documento no llega de manera aislada. Se emite en un contexto en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reabrió la discusión sobre una sentencia definitiva de 2018 emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito, que ordenó la creación de un mecanismo extraordinario de investigación para el caso, lo cual contraviene el principio de seguridad jurídica y priva a las familias de la posibilidad de acceder a un a esa vía extraordinaria, que podría imprimir nuevos bríos a la investigación. También llega en un momento en el que el caso permanece sin esclarecerse y con pendientes graves.
Más allá del caso Ayotzinapa, esta publicación envía un mensaje profundamente preocupante para todas las víctimas del país. Confirma la pérdida de una institución que debería actuar como garante de los derechos humanos y contrapeso frente al Estado, pero que hoy parece optar por defender a las instituciones señaladas por violaciones graves –incluyendo las castrenses– antes que a quienes buscan verdad y justicia. En un contexto de creciente concentración del poder, esa renuncia institucional tiene consecuencias que trascienden con mucho este caso.
