Mientras el despliegue militar continúe creciendo sin que lo hagan también los mecanismos de control civil, seguirá pendiente la construcción de una política de seguridad compatible con el Estado de derecho y los derechos humanos.
El pasado 30 de junio, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, conmemoró el aniversario de la Guardia Nacional (GN), con la presencia de representantes de otros poderes, entre ellas, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la presidenta del Senado. Durante el evento se reiteró que, en los últimos años, los esfuerzos han estado centrados en el fortalecimiento de este cuerpo militar con facultades de seguridad pública, particularmente en términos del número de elementos y de su despliegue territorial. También se destacó que en esta administración la corporación ha crecido en más de un 60 %.
Sin embargo, no se mencionó ningún reto más allá de continuar el esfuerzo de engrosar las filas de esta fuerza de seguridad castrense, con la meta de alcanzar 170,000 elementos, y por el contrario, se destacó que la GN habría participado en 45,000 detenciones.
El aniversario, además, coincidió con la publicación de un informe que ofrece una imagen más completa sobre el rumbo de la política de seguridad. En los siguientes días, se publicó el séptimo Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente (FAP) en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, recibido por el Senado de la República, correspondiente al periodo de noviembre de 2025 a mayo de 2026. Cabe recordar que este informe deriva de la ampliación del plazo para el despliegue de esta Fuerza Armada Permanente en las tareas de seguridad pública, autorizada —en la norma— mientras se consolidaba la Guardia Nacional, conforme a las sucesivas reformas constitucionales y legales en la materia.
¿Y la obligación de cumplir con la Ley Nacional del Registro de Detenciones?
En el informe se destacó que, durante el periodo referido, el despliegue militar en el país fue de 45,247 elementos, distribuidos en las 32 entidades federativas, lo que contrasta con los 29,711 reportados en 2025. Es decir, el despliegue creció en más del 50 %. Destaca particularmente el caso de Sinaloa, donde se concentran 11,326, equivalentes al 25 % del total.
Es importante resaltar también que en el Informe Semestral no presenta una cifra concreta sobre el número de detenciones realizadas por parte de elementos de la FAP. Únicamente refiere que esta contribuyó con la ejecución de 8,261 órdenes de aprehensión.
Sin embargo, aunque desde 2019 los elementos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar) cuentan con la obligación de cumplir con la Ley Nacional del Registro de Detenciones, entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 únicamente existen 1,221 registros realizados por el Ejército, una diferencia que plantea dudas en el cumplimiento de la obligación y abre preguntas sobre las registradas por la propia GN.
Se informa erróneamente que la Sedena no recibió recomendaciones de la CNDH
Es decir, el despliegue, tanto de la GN como de la Fuerza Armada Permanente, continúa expandiéndose y la consolidación de la GN como fuerza castrense encargada de la seguridad pública no ha significado una disminución en el despliegue de las demás fuerzas armadas. Tampoco han disminuido las quejas en contra: solo en 2025 la GN acumuló 387 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque el debilitado organismo únicamente emitió una recomendación.
Más aún, la amplitud del despliegue y tareas asignadas no han venido acompañadas de mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas, ni mecanismos eficaces para combatir la opacidad. Sobre este aspecto, en el Informe Semestral únicamente se señala que se realizaron 15,374 actividades de supervisión para verificar el bienestar del personal y direccionar el despliegue de los efectivos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, supuestamente en cumplimiento de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF). No obstante, sigue sin hacerse pública la información relativa a los reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza previstos en el artículo 32 de dicha ley.
A esto se suma que se informa —erróneamente— que durante el mismo periodo la Sedena no recibió recomendaciones de la CNDH. Sin embargo, en noviembre de 2025 la CNDH emitió al menos una recomendación por los graves hechos relacionados con el asesinato de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa.
Pero la atención sobre las Fuerzas Armadas no termina ahí. Mientras se anuncia un nuevo fortalecimiento del despliegue de la Guardia Nacional, permanecen presentes casos como el ocurrido a inicios de este año contra el académico Leonardo Escobar, en el que participaron elementos de esa corporación. Además, la misma semana en que se entregó el informe al Senado se conocieron nuevos detalles sobre el entramado de fraude y corrupción en aduanas presuntamente encabezado por mandos del Ejército para el contrabando de combustible, que se suma a los escándalos previamente documentados en la Secretaría de Marina.
Apenas se instaló la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Senado de la República
Todo ello vuelve insostenible la idea de que las Fuerzas Armadas son instituciones intrínsecamente incorruptibles, argumento que durante años se utilizó para justificar la expansión de sus funciones civiles. Por el contrario, los hechos muestran que esa expansión para nada está exenta de corrupción ni de abusos.
Con todo ello, no se vislumbra la determinación de identificar para fortalecer los mecanismos de control sobre las Fuerzas Armadas. Por el contrario, los existentes siguen sin ser implementados. Ejemplo de ello es que, casi dos años después del inicio de la actual Legislatura, apenas el mes pasado se instaló la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Senado de la República. Mientras tanto, continúa pendiente la instalación de la Comisión para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, órgano encargado de revisar estos informes, formular recomendaciones y ejercer un verdadero control parlamentario sobre la expansión del poder militar.
Si el compromiso del Estado mexicano es, como se dijo desde el discurso presidencial durante la conmemoración del aniversario de la GN, fortalecer “la seguridad de la sociedad, con la vigencia del Estado de derecho y con la construcción de un país que transita con paso firme hacia un mejor porvenir”, ese objetivo solo podrá alcanzarse mediante instituciones de seguridad de carácter civil, como han recomendado reiteradamente los organismos internacionales, sujetas a supervisión, fiscalización y controles robustos.
Mientras el despliegue militar continúe creciendo sin que lo hagan también los mecanismos de control civil, seguirá pendiente la construcción de una política de seguridad compatible con el Estado de derecho y los derechos humanos.
