Sandra Arana permaneció en prisión de manera injusta durante seis años y es sobreviviente de tortura y tortura sexual por parte de elementos de la policía de investigación de Tlaxcala. Su historia demuestra cómo los patrones se repiten.
El pasado 26 de junio se conmemoró el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, una práctica que, insistimos, continúa siendo generalizada y es cometida por autoridades de todos los niveles de gobierno, aunque esta afirmación no coincida con el discurso negacionista de las administraciones recientes. Un día antes de esta conmemoración, familiares, organizaciones acompañantes y personas solidarias celebramos la libertad de Sandra Arana, una mujer que permaneció en prisión de manera injusta durante seis años y es sobreviviente de tortura y tortura sexual por parte de elementos de la policía de investigación de Tlaxcala.
La historia de Sandra muestra cómo los patrones se repiten. Ella es una mujer de 39 años, médica cirujana, originaria de Tlaxcala. El 25 de agosto de 2020, cuando viajaba en automóvil con su expareja, fue detenida de manera arbitraria por personas armadas vestidas de civil, sin identificarse y sin orden de aprehensión. Fue hasta tiempo después que Sandra supo que eran elementos de la Policía de Investigación de Tlaxcala. Los elementos la sometieron a diversos actos de tortura y tortura sexual durante la detención y puesta a disposición ante la autoridad ministerial.
Sandra tuvo que enfrentar tres procesos penales por delitos que no cometió, sustentados en pruebas que no la incriminaban o que fueron obtenidas bajo tortura. Primero, se le inició un proceso penal en Tlaxcala por extorsión, el cual se le permitió llevar en libertad. Al momento de ser liberada, fue nuevamente detenida, ejecutándosele una orden de aprehensión librada en su contra por el delito de secuestro agravado, por un juez de control de Zacatecas.
Presa sin sentencia durante muchos años
El 2 de septiembre de 2020, Sandra fue trasladada al Centro Regional de Reinserción Social Femenil de Cieneguillas, en Zacatecas, donde permaneció privada de su libertad bajo un nuevo proceso. Así estuvo durante seis años, sin sentencia, y sin que hubiera pruebas suficientes que la incriminaran.
Su caso, además, es un ejemplo de las prácticas irregulares cometidas en las fiscalías locales, en las cuales, como hemos señalado, persiste la impunidad, afectando a miles de personas. En su caso, la Fiscalía de Zacatecas solicitó la pena máxima de 90 años de prisión, pese a no tener pruebas en su contra.
Fue en 2023 cuando en el Centro Prodh conocimos del caso de Sandra Arana e iniciamos la documentación de su tortura, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala emitió la Recomendación 06/2023 en la que se acreditaron las graves violaciones a derechos humanos contra Sandra durante su detención.
Se acreditaron nueve violaciones a sus derechos humanos
Sandra fue combatiendo, uno a uno, los procesos en su contra. En mayo de 2025, el proceso penal por el delito de extorsión en Tlaxcala fue concluido al no encontrar pruebas en su contra. Después, el 19 de junio de este año, un Tribunal de Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial en el estado de Zacatecas emitió una sentencia absolutoria en favor de ella, en la que concluyó que se acreditaron nueve violaciones a los derechos humanos.
Posteriormente, el 25 de junio de 2026, la jueza Verónica Basurto Pérez, de Zacatecas, dictó un auto de no vinculación, a favor de Sandra, después de que se le ejecutó una nueva orden de aprehensión, en una carpeta que continuaba utilizando pruebas obtenidas bajo tortura. Durante estos procesos, Sandra fue debidamente defendida por personal de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas y acompañada por el Centro Prodh.
Lo que el propio Tribunal de Enjuiciamiento reconoció en el caso de Sandra no puede minimizarse, al establecer que es un caso de extrema gravedad dentro del sistema penal acusatorio, que había llevado a que Sandra estuviera privada de la libertad por 2,120 días y al concluir que las violaciones a derechos humanos a las que fue sometida generaron un efecto corruptor sobre el resto de pruebas recabadas por la Fiscalía. En consecuencia, en ambos procesos en Zacatecas, las pruebas fueron excluidas.
La tortura como un medio de investigación
Los casos como el de Sandra continúan siendo una realidad. Por ello resulta indispensable visibilizar y reconocer la resiliencia, dignidad y determinación de las víctimas y sus familias para seguir alzando la voz, denunciar esta práctica y exigir justicia. Así lo hicieron públicamente diversas organizaciones y sobrevivientes en el marco del Día Internacional, recordándonos que, como ocurrió con Sandra, la tortura se utiliza como un medio de investigación.
A estas acciones nacionales se sumaron expresiones internacionales como la de la Organización Mundial contra la Tortura, que resaltó la importancia —similar al pronunciamiento de la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Alice Edwards— de que los Estados fortalezcan la rendición de cuentas, la justicia, la reparación y la rehabilitación, a través de un enfoque centrado en las personas sobrevivientes, al difundir el testimonio de Italia Méndez, mujer sobreviviente de tortura sexual en Atenco, hace ya 20 años y que permanece en la impunidad.
Elementos de la Policía Ministerial, los principales responsables identificados
Por ello, es importante saber que, en tanto no se reconozca la realidad de que la práctica es generalizada, difícilmente se tomarán medidas para la erradicación y continuarán registrándose casos. Según el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), de todos los expedientes iniciados por tortura a nivel estatal (17,287 expedientes desde 2018 hasta marzo de este año) los principales responsables identificados son elementos de la Policía Ministerial, con 1,394 expedientes registrados.
Asimismo, el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometida Contra Mujeres Privadas de la Libertad en México, de la Secretaría de Gobernación, señala que el 79.3 % de las mujeres entrevistadas manifestó haber sufrido tortura y otros tratos crueles entre la detención y puesta a disposición. De ellas, 43.82 % habrían referido actos de tortura sexual.
La reciente liberación de Sandra debe recordarnos que, detrás de esos registros, hay vidas trastocadas por la tortura. Por ello, es necesario que en el contexto del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, las acciones del Estado no se limiten a mensajes conmemorativos, sino que se traduzcan en acciones concretas encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar esta práctica, ahí donde está claramente documentado que se comete: en las fiscalías.
