• La determinación que adopte el Poder Judicial de la Federación podría poner fin a medio siglo de opacidad de los archivos relacionados con graves violaciones a derechos humanos en manos del Ejército.
  • Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre desaparecida desde 1978, presentó en 2023 un juicio de amparo en contra del ocultamiento de archivos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), incluidos aquellos en los que pudiera haber información relevante sobre el paradero de su madre y el esclarecimiento de la verdad del periodo conocido como “Guerra Sucia”.
  • En febrero de 2026 se discutió un primer proyecto de sentencia que negaba el amparo y, con posiciones divididas, logró ser desechado. Desde el Centro Prodh y ARTICLE 19 urgimos a ponderar el derecho de las víctimas por encima del #PoderMilitar.

Ciudad de México a 26 de junio de 2026.- El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito discutirá hoy el proyecto de resolución del amparo en revisión 43/2025, a cargo de la Magistrada Sandra Janet Hernández Chávez, relativo a los archivos de la llamada “Guerra Sucia” que permanecen resguardados en secreto en poder del Ejército. Desde el Centro Prodh, alertamos que, además de estar en juego el derecho a la verdad de Alicia de los Ríos Merino, la decisión será trascendente para miles de víctimas de esa época, quienes exigen verdad y justicia desde hace medio siglo.

Desde febrero de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la instrucción presidencial de transferir al Archivo General de la Nación todos los archivos históricos relacionados con graves violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas cometidas en contra de movimientos políticos y sociales. Este acuerdo es obligatorio para todas las dependencias de la administración pública federal, incluida la Sedena, la cual está obligada a entregar toda la documentación relacionada al Archivo General de la Nación (AGN); sin embargo, estos archivos no han sido entregados hasta la fecha. 

Posteriormente, como fue denunciado en su momento, el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEVH) –parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965-1990 creada durante el sexenio pasado–, ingresó a los archivos históricos de la Sedena, donde encontró documentos nunca antes vistos con información clave para su mandato de esclarecimiento y generar líneas de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, el Ejército obstaculizó la consulta, alteró y ocultó cajas con archivos previamente identificados y, finalmente, negó el acceso a los documentos. Todo ello quedó constatado en el informe del MEVH de octubre de 2023,  “Las formas del silencio: Reporte a la sociedad mexicana de la situación que guarda la consulta de archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional Un caso de obstrucción a la verdad”. 

Derivado de la publicación del informe y ante la omisión de cumplir con el Decreto presidencial por parte de Sedena, en noviembre de 2023, Alicia de los Ríos Merino, acompañada por ARTICLE 19 y el Centro Prodh, promovió un juicio de amparo con el objetivo de detener la opacidad y alteración de los documentos en posesión del Ejército.

En su momento, correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa el expediente de amparo 1894/2023, en el cual inicialmente concedió la suspensión definitiva para que las autoridades “se abstengan de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar los documentos históricos de la Sedena relacionados” con la investigación del MEVH; sin embargo, posteriormente negó el amparo.  

Tras casi tres años de litigio, se encuentra pendiente de resolverse el amparo en revisión 43/2025, enlistado para la sesión del día de hoy del mencionado Tribunal Colegiado, el cual podría poner fin al juicio de manera definitiva. 

Un primer proyecto elaborado por el magistrado Alfredo Enrique Báez López  fue discutido en la sesión del 19 de febrero de 2026. El proyecto negaba el amparo a Alicia de los Ríos Merino bajo el argumento de que era necesaria una solicitud de acceso a la información y poder señalar individualmente los documentos que deberían transferirse. Esto, a pesar de que los mismos son desconocidos precisamente porque no son públicos y debido a que la Sedena ha negado su entrega de manera sistemática desde hace más de dos décadas, a pesar de los múltiples requerimientos de la Fiscalía General de la República y a la obligación emitida en el Decreto. Adicionalmente, el Magistrado Báez López señaló: “Sería un amparo tan amplio, que no vería manera de cómo podría cumplirse”. 

En esa misma sesión, la magistrada presidenta, Ana María Ibarra Olguín reviró que no se estaba ante un caso de derecho a la información, sino del derecho a la verdad, destacando que: «no hay una obligación abstracta; es tan concreta, como material: transferir los archivos de la Sedena relacionados con la Guerra Sucia”. Por su parte, la magistrada Sandra Janet Hernández Chávez sostuvo que el decreto de 2019 «estableció una obligación muy precisa», por lo que «[e]xiste un deber que, en este caso, específicamente Sedena, no ha cumplido»

En consecuencia, ante el voto de las magistradas en contra del proyecto, se returnó el asunto a la magistrada Sandra Janet Hernández Chávez, quien elaboró uno nuevo que hasta el momento se desconoce. 

Se trata de un momento clave de definiciones sobre el rol del Poder Judicial de la Federación en esta nueva etapa tras la reforma judicial. Frente al voto dividido en el Tribunal Colegiado y la histórica negativa del Poder Militar a entregar información en casos de violaciones graves a derechos humanos, las organizaciones firmantes hacemos un llamado enérgico al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito para poner al centro a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y al derecho a la verdad de la sociedad en su conjunto, concediendo la protección del Poder Judicial y, con ello, estableciendo un mecanismo de supervisión judicial para que se lleve a cabo la identificación y transferencia de los archivos. El “renovado” Poder Judicial de la Federación tiene así la posibilidad de saldar una deuda de medio siglo del derecho a la verdad para las víctimas del periodo conocido como “Guerra Sucia”.