La defensa del sistema de derechos humanos no se demuestra únicamente en los esfuerzos diplomáticos, sino aceptando el escrutinio, implementando recomendaciones y escuchando a las víctimas cuando los mecanismos internacionales señalan fallas que el debate interno ha sido incapaz de resolver.
El año 2026 es significativo en materia de derechos humanos. A nivel nacional, se cumplen dos décadas de un cambio severo en las políticas de seguridad pública que profundizó la violencia, impunidad y graves violaciones a los derechos humanos en México. A nivel internacional también se cumplen 20 años de una de las reformas institucionales más importantes al Sistema Universal de Derechos Humanos: la creación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Después de 60 años de funcionamiento, en 2006 la entonces Comisión de Derechos Humanos fue sustituida por el ahora Consejo, luego de que aquella hubiera perdido buena parte de su legitimidad ante su extrema politización, selectividad y falta de una evaluación universal a los Estados. La negociación y construcción de esta nueva institucionalidad fue liderada significativamente por México —con el reconocido liderazgo del embajador Luis Alfonso de Alba Góngora, quien posteriormente fungió como el primer presidente del Consejo—, que le dio desde ese momento un lugar distinguido a nuestro país en el funcionamiento y diálogo en el recién creado organismo.
El Consejo así fue concebido como un órgano con mayor jerarquía —al ser subsidiario de la Asamblea General de la ONU—, facultado para abordar las mayores críticas de su antecesor y la falta de credibilidad de sus integrantes. Si bien algunas medidas se tomaron de inmediato —como la creación del Examen Periódico Universal (EPU), mediante el cual los 193 Estados miembros de la Organización son evaluados bajo criterios comunes—, lo cierto es que muchas de los cuestionamientos que motivaron la reforma se mantienen hasta hoy.
La cooperación internacional en materia de derechos humanos es indispensable
A eso se suma la intervención en el Consejo de países con un reprochable historial en derechos humanos; la participación de dirigentes de Estados que, como parte de su plataforma política, han criticado a los mecanismos internacionales, promoviendo incluso su salida de estos; así como la crisis financiera que enfrentan los organismos multilaterales.
La permanencia de esas críticas no ha eliminado, sin embargo, el aporte del sistema de Naciones Unidas; sus Procedimientos Especiales y Comités continúan siendo uno de los pocos espacios donde las víctimas de violaciones a derechos humanos y organizaciones de sociedad civil encuentran una respuesta frente a la falta de atención en sus países.
En días recientes, durante un diálogo conmemorativo por los 20 años del Consejo, diversos participantes coincidieron en que la cooperación internacional en materia de derechos humanos sigue siendo indispensable en un contexto de creciente polarización geopolítica. También insistieron en que las discusiones en esta materia no pueden permanecer aisladas de los grandes debates en otros órganos políticos de la ONU sobre paz, seguridad y prevención de conflictos.
Instrumentos internacionales adoptados
Ese mismo año, 2006, fueron adoptados otros importantes instrumentos internacionales. Entró en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que creó el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), cuyo objetivo es la evaluación de la situación de esta práctica en lugares de privación de la libertad y que este 2026 llevó a cabo su tercera visita a nuestro país.
También fue adoptada la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la cual emana el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) y que, como hemos señalado en este espacio, ha evaluado profundamente la crisis en el país.
Por último, se adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —igualmente con un amplio impulso de México— y cuyo Comité también emitió recientemente un informe sobre sus principales preocupaciones sobre nuestro país, especialmente sobre las personas con discapacidad institucionalizadas.
Hoy en día, los organismos internacionales enfrentan importantes retos respecto a su financiamiento, legitimidad y alcance. Estas conmemoraciones son un espacio para reflexionar sobre cómo mantenerlos vigorosos y detener su debilitamiento, incluso desde quienes fueran sus propios promotores. Como lo destacó el propio Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el citado diálogo, las represalias que enfrenta el Sistema Universal afectan no solo a quienes son sus usuarias, sino a los propios mecanismos, lo que lleva a su debilitamiento; y por ello se requiere una respuesta robusta de todos los Estados y todas las partes interesadas.
Las advertencias del Alto Comisionado adquieren una relevancia particular a la luz de acontecimientos recientes en México. Cuando el Comité CED decidió activar —por primera vez en su historia— el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención en la materia, la reacción del Estado mexicano fue inmediata y defensiva. La controversia también puso de relieve otro problema: la falta de una defensa pública suficientemente clara y contundente de la legitimidad de este órgano internacional por parte de actores llamados precisamente a proteger la integridad del Sistema, pues resulta difícil sostener la necesidad de fortalecer a las Naciones Unidas mientras, frente a un episodio como este, las voces llamadas a defender la autonomía e independencia de sus mecanismos mantienen una posición cautelosa o de bajo perfil.
“Los derechos humanos están bajo asedio”
La fortaleza de la organización multilateral no depende únicamente de la voluntad de los Estados; también requiere que quienes tienen el mandato de protegerla, respalden públicamente su legitimidad o guarden silencio cuando es puesta en entredicho por razones políticas. La paradoja es doble, pues el debilitamiento de estos mecanismos no ocurre únicamente mediante ataques frontales desde los gobiernos.
La defensa del sistema de derechos humanos no se demuestra únicamente en los esfuerzos diplomáticos que han sido referentes para la construcción de la institucionalidad multilateral. Se demuestra aceptando el escrutinio, implementando recomendaciones y escuchando a las víctimas cuando los mecanismos internacionales señalan fallas que el debate interno ha sido incapaz de resolver.
Como lo señaló la relatora sobre Educación en representación de los Procedimientos Especiales durante dicho diálogo conmemorativo, una de las voces más críticas en la mesa, “los derechos humanos están bajo asedio y por ello debemos asegurarnos de que el sistema como un todo sea lo más robusto que se pueda en el futuro”
También destacó que estos mecanismos dedicados a los derechos humanos pueden aportar valor a otras agendas de las Naciones Unidas como la de paz y seguridad, porque “los derechos humanos son las bases para la paz y desarrollo”.
