*Descubren vínculo entre funcionario de PGR y empresa que vendió el software
Ciudad de México, 20 de febrero de 2018. El influyente periódico estadunidense The New York Times reveló hoy que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se ha resistido a participar en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos ante la preocupación de que las autoridades mexicanas quieren sumar a Estados Unidos a la pesquisa para encubrir lo que sería una indagatoria simulada.
Por su parte, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó hoy que un funcionario de la PGR fue socio fundador de una compañía ligada al grupo empresarial que vendió en 32 millones de dólares el malware espía Pegasus a la propia PGR.
“La investigación del gobierno no ha logrado avanzar en muchas áreas básicas y los fiscales que manejan el caso aún no han interrogado a ninguno de los funcionarios responsables de operar la tecnología de vigilancia”, recoge el rotativo, que especifica que los investigadores ni siquiera han identificado a los funcionarios públicos que operaban el programa, tampoco han visitado las oficinas donde se encuentra el equipo usado para las intervenciones ni han revisado los servidores desde los cuales se utilizaba el software.
Precisamente, el periódico señala que, aunque los investigadores insisten en que necesitan los teléfonos de las víctimas para continuar con la investigación, expertos forenses advierten que no es necesario tener el aparato que fue blanco para realizar la investigación. Indican que los servidores son lo único que se necesita.
En junio del año pasado, el periódico destapó que destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por el avanzado programa de espionaje isaraelí Pegasus, adquirido por el gobierno mexicano y que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas. Posteriormente se sumaron nuevas denuncias de intentos de infección de teléfonos, incluyendo a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes supervisaban la investigación del caso Ayotzinapa.