*Los expertos que supervisaron el caso Ayotzinapa contaban con inmunidad diplomática al momento de ser atacados con Pegasus.
Ciudad de México, 10 de julio de 2017. A través de evidencia forense obtenida por el Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, el rotativo estadounidense The New York Times confirmó que el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) fue atacado con el malware espía Pegasus durante su trabajo de supervisión del caso Ayotzinapa, quizá el más grave episodio de violaciones a derechos humanos en el México contemporáneo y que ha marcado a la administración federal.
El influyente diario, que el 19 de junio destapó el escándalo de #GobiernoEspía, detalló que el principal enlace del GIEI recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía a Pegasus, un arma cibernética que el gobierno mexicano compró por decenas de millones de dólares y es fabricada por el israelí NSO Group. Ese teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México. Los ataques se dieronentre el 1 y el 4 de marzo de 2016, en fechas cercanas a los intentos de infección a los abogados del Centro Prodh, defensores de los normalistas.
«Además, los miembros del GIEI que indagaban la desaparición de los 43 estudiantes normalistas dicen que recibieron mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios, que los incentivaban a darle clic a un enlace que, de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono. Incluso los mensajes encriptados que lleguen a o sean enviados desde el teléfono se vuelven inservibles ya que el software ha sido descargado inadvertidamente», indicó el periódico.
A pesar de que la vigilancia sólo puede ser realizada con el aval de un juez federal cuando el gobierno tiene causales bien justificados, la inmunidad diplomática del GIEI implica que sería muy improbable que algún juez federal hubiera firmado una orden para espiarlos, de acuerdo con los propios expertos. “Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, destacó Francisco Cox, uno de los integrantes del GIEI. A penas el pasado jueves, el Grupo había denunciado ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -el organismo que los designó para el caso- los intentos de espionaje.
Aunque el Gobierno federal ha señalado que realizará una investigación exhaustiva y señaló que solicitó la cooperación del FBI -extremo desmentido por la embajadora en México, Roberta Jacobson-, no existe confianza en que el gobierno se investigará a sí mismo. «A primera vista, el caso –suponiendo la veracidad de estas afirmaciones– es suficientemente serio como para justificar la creación de una comisión internacional», dijo James Cavallaro, comisionado de la CIDH. Otra comisionada, Esmeralda Arosemena de Troitiño, respaldó el llamado para una indagatoria independiente y dijo que las acusaciones son extremadamente preocupantes. «Esta investigación debe establecer las responsabilidades tanto materiales como intelectuales de las supuestas acciones de espionaje», insistió.