• Anuncian que la reunión del gabinete de seguridad con senadores será la otra semana a puerta cerrada.
• Hace unos días se negoció en México acuerdo para regular información que circula en la web.
En medio de una grave crisis de credibilidad visibilizada por la cruel masacre de jóvenes en Cd. Juárez a menos de un mes de que hubiese un cambio de estrategia federal, y en un contexto en el que defensores de DH como Gustavo de la Rosa Hickerson se han tenido que refugiar en El Paso, Texas, mientras que otros como Cipriana Jurado tienen que mantenerse en sus domicilios sin que se hayan implementado medidas de seguridad de ningún tipo, el Estado se justifica para implementar el ocultamiento de información como una política de Estado.
Por una parte ayer se informó que la publicitada reunión de Senadores con el gabinete de Seguridad se daría en secreto, con lo cual sólo un selecto grupo de Senadores podrán conocer las explicaciones del porqué una estrategia que lleva todo el sexenio implementándose sin limitaciones presupuestales a pesar de la crisis económica sólo ha generado una mayor violencia social. El Senador del PRD Carlos Navarrete fue muy claro en su posición: “La información de seguridad nacional no debe ser motivo de debate público ni legislativo, sino de conocimiento de los órganos del Senado. Habrá discreción de los grupos parlamentarios para comentar sólo lo que sea posible”.
Pero este no es más que un episodio de una tendencia cada vez más generalizada en la que se trata de obstaculizar la transparencia no sólo con recursos dilatorios sino que incluso se presentó recurso en contra del IFAI ante la SCJN, misma que pretendería crear un Tribunal que revisará las resoluciones de este organismo público autónomo. Más grave incluso es el hecho de que México está impulsando junto con otros países el Anti-Counterfeiting Trade Agreement que fue negociado en México a finales de enero y que contempla una sobreregulación de internet que permitiría seguir y censurar movimientos críticos hacia los Estados con el pretexto de regular el intercambio de archivos presuntamente ilegales. Reporteros Sin Fronteras ya se ha pronunciado contra este acuerdo que, por cierto, ha sido negociado en un absoluto secreto. Uno de los aspectos que más llaman la atención de este acuerdo es que, según ha trascendido, establecería un nuevo marco legal internacional que podría crear su propio cuerpo de gobierno fuera de las instituciones internacionales existentes como la OMC, la OMPI o la misma ONU. En momentos en que el Estado mexicano está recibiendo las primeras sentencias condenatorias de la Corte IDH, llama la atención su interés por generar espacios internacionales desvinculados de los derechos humanos.