*En informe global, retoman algunos casos mexicanos que dan muestra de la vulnerabilidad de quienes defienden la tierra y el ambiente
Por Olivia Vázquez Herrera
México, DF, 8 de diciembre. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos presentó el informe No tenemos miedo, el cual ilustra la lucha diaria de los defensores del derecho a la tierra de diversas regiones del mundo, que “a menudo se enfrentan a verdaderos ‘depredadores económicos’ ávidos de un desarrollo desenfrenado, y quienes, generalmente, viven en zonas aisladas y alejadas de los actores influyentes, lo cual facilita que se ejerza violencia en su contra”.
No tenemos miedo, “ofrece un análisis global sobre la especial vulnerabilidad de las y los defensores del derecho a la tierra, que trabajan en un entorno económico y jurídico complejo”; destaca la preocupación por el incremento, en los últimos años, de los ataques en contra de quienes defienden la tierra —personas, colectivos, movimientos y organizaciones civiles—. El informe ejemplifica dicha problemática a partir de 74 estudios de caso de 29 países diferentes, entre ellos, México.
A partir del estudio de los casos, el Observatorio hizo un llamado a los Estados; a los donantes e inversores —tanto privados como institucionales y estatales; empresas; y organismos intergubernamentales regionales e internacionales a construir un entorno seguro y propicio para las y los defensores del derecho a la tierra, a partir del reconocimiento y respeto a la labor de quienes defienden la tierra, además del respeto al marco jurídico que rige el derecho a la tierra en los procesos de elaboración de normas y políticas públicas.
Situación de las y los defensores mexicanos
El Observatorio señaló que en nuestro país “las defensoras y los defensores del derecho a la tierra son especialmente vulnerables”, ya que entre 2009 y 2012 el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) registró más de 50 ataques, incluyendo asesinatos, en contra de defensores de la tierra y medioambientales, en su mayoría, vinculados a megaproyectos mineros y forestales, principalmente.
El informe rescata el caso de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), en Oaxaca, cuyos miembros han sido amenazados debido a sus protestas contra la construcción de parques eólicos de la empresa española Gas Natural Fenosa. En julio del año pasado, el activista Héctor Regalado Jiménez fue asesinado; y un mes después, “un grupo de hombres armados sospechosos de trabajar para la empresa amenazaron de muerte y atacaron a miembros de la APPJ cuando visitaban la zona en la que se encuentran construyendo el parque eólico Bií Hioxho para evaluar los daños causados por la construcción del proyecto”.
El Observatorio también precisó que las y los defensores del derecho a la tierra son constantemente víctimas de hostigamiento judicial, detenciones arbitrarias y vinculación a procesos penales injustos, tal como ocurrió con el defensor poblano Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, quien desde 2006, se ha opuesto a la construcción del gasoducto Morelos, y por lo que actualmente en prisión preventiva, al igual que su compañera Enedina Rosas Vélez, ex comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan.
Asimismo, el informe No tenemos miedo, hace referencia a ejemplos en los que los mecanismos de derechos humanos regionales e internacionales han sido fundamentales para la protección de las y los defensores de la tierra, como el caso de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, quienes se oponían a la explotación forestal y cuyo caso llegó a obtener una sentencia en contra del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Notas relacionadas:
Desde 2013, 82 ataques contra defensores ambientales y opositores a megaproyectos