Este lunes se informó que se formalizaba la intención venezolana de abandonar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, situación que ya habíamos abordado en el Sididh hace poco más de un mes. Como señalamos entonces, el paso obligado para concretar la intención expresada por el jefe de Estado venezolano Hugo Chávez, implicaba una comunicación oficial al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, en la cual se exprese de manera oficial la intención venezolana de denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto fue anunciado el lunes por la OEA a través de un comunicado oficial en el que Insulza lamentó la decisión adoptada por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de denunciar este instrumento jurídico, que caracterizó como «uno de los pilares de la normativa legal que ampara la defensa de los derechos humanos en el continente».
El caso que ha desatado la reacción venezolana es el de Díaz Peña vs Venezuela. En aquel, se abordan las presuntas violaciones cometidas en contra de Raúl Díaz Peña durante el proceso que se le siguió en Venezuela por la colocación de artefactos explosivos en las delegaciones diplomáticas de Colombia y España. El proceso no tiene nada que ver con la fuga de esta persona, quien tras haber obtenido de las autoridades venezolanas un permiso que le permitía salir del centro de reclusión para ir a trabajar huyó rumbo a Miami.
En el comunicado en donde informa de la comunicación oficial venezolana, la OEA recuerda el párrafo de la Convención Interamericana que habla en torno a las denuncias de países miembros para dejar claro que «dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en esta Convención, en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto». Esto quiere decir que cualquier posible violación a los derechos humanos cometida antes del domingo, es materia de la jurisdicción del Sistema Interamericano.
El hecho ha generado controversia al interior de Venezuela, que vive un intenso proceso electoral. El Nuevo Herald de Miami, cita entrevistas de la agencia AP, en las que especialistas y defensores cuestionan la posición oficial venezolana que se sostiene de afirmaciones como que el Sistema apoyó el golpe de Estado de 2002, o que el Sistema ha sido utilizado para golpear políticamente a Venezuela. En entrevista, un profesor de derechos constitucional de la Universidad Central de Venezuela (UCV) de nombre Henrique Sánchez Falcón, califaca como un «paso negativo» la denuncia a la Convención Interamericana, y señala que de concretarse en un año, esta decisión representaría una «violación» a la Constitución porque la convención «es parte del orden constitucional». El académico afirma que para que Venezuela pueda salir del sistema interamericano de derechos humanos, tendría que darse una «modificación de la Constitución» por la vía de una Asamblea Constituyente para cambiar algunos artículos que hacen referencia a la convención.
Por otra parte, Liliana Ortega, fundadora de la organización local Comité de los Familiares de las Víctimas del 27 y 28 de febrero (Cofavic), califico la decisión de «gravísima» porque «cierra espacios muy importante de tutela a las víctimas de los sectores más excluidos del país».Señaló que aunque a las víctimas venezolanas aún les queda la opción de las Naciones Unidas para llevar las denuncias de violaciones de derechos humanos, la salida del sistema interamericano representa el cierre de espacios. «Apelamos a que haya mesura, y que esta decisión pueda ser revertida, porque además, creemos que es un gravísimo error político hacerlo en este momento, y muy particularmente no solo por el contexto electoral, sino por el mensaje que se señala al mundo», Declaró Ortega a la AP.
Cabe recordar que esta organización venezolana de derechos humanos surge a raíz de los hechos conocidos como el Caracazo,cuando en un contexto de disturbios generalizados en la capital y otras ciudades venezolanas, fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana (PM) y Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportan 300 muertos y más de un millar de heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de 3500 personas fallecidas.