En el contexto de un prolongado conflicto entre un sector de naciones americanas emblematizadas por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, realizó un anuncio estridente en el que señaló que «Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre… ¡De derechos humanos!… ¡Apoyando al terrorismo!… Todo esto es una gran manipulación política».
El mandatario realizó estas declaraciones durante la celebración del 189 aniversario de la Armada venezolana. Sin embargo, solamente es un episodio más en una disputa que lleva ya algún tiempo y que ha orillado a valorar la realización de cambios en el SIDH durante la reciente Asamblea de la OEA. Pero ¿Esto implica una crisis de este sistema? Veamos con un poco de calma…
Desde junio pasado en la Asamblea General de la OEA, uno de los temas a discusión fue la reforma del SIDH, impulsada de manera primordial por el ALBA, pero también apoyada por países no afines ideológicamente a este bloque como Colombia o Perú. La idea general fue descrita en aquel espacio por el mandatario boliviano Evo Morales, quien afirmó «hay que reformarla y pronto». Morales también agregó sobre el SIDH «Si no quiere velar las garantías individuales en Estados Unidos, mejor que desaparezca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
En un documento previo se citaba al canciller venezolano Nicolás Maduro, quien señalaba que la gravedad de que desde su perspectiva el “Sistema Interamericano de Derechos Humanos y cómo se ha ido derivando y degradando en los últimos años, y se ha convertido tanto la Comisión Interamericana, como la Corte Interamericana, en un instrumento de la política exterior del Departamento de Estado de Estados Unidos”.
La iniciativa del ALBA no alcanzó la fuerza necesaria en la Asamblea, por lo cual la discusión se postergada. En el debate se encuentran desde iniciativas muy razonables (aunque no se sabe qué tan viables) como la exigencia de que todos los países de América se integren plenamente al Sistema (EU y Canadá, por ejemplo, no han aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por lo que no pueden ser juzgados en su seno; hasta ideas un tanto obstaculizadoras, como la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) consulte a los Estados antes de emitir medidas cautelares, lo cual debilitaría un instrumento que de por sí tiene muchas limitaciones. Recordemos que en México han ocurrido diversas agresiones e incluso asesinatos en contra de defensores a pesar de contar con estas medidas.
El caso específico que ocupa las declaraciones oficiales venezolanas, es el del caso Díaz Peña vs Venezuela. En él, se abordan las presuntas violaciones cometidas en contra de Raúl Díaz Peña durante el proceso que se le siguió en Venezuela por la colocación de artefactos explosivos en las delegaciones diplomáticas de Colombia y España. El proceso no tiene nada que ver con la fuga de esta persona, quien tras haber obtenido de las autoridades venezolanas un permiso que le permitía salir del centro de reclusión para ir a trabajar huyó rumbo a Miami.
Dicho caso fue abordado por la Corte IDH en lo que se refiere a la «detención preventiva y duración del proceso del señor Raúl José Díaz Peña, así como a las condiciones de detención las cuales habrían tenido un grave impacto sobre su salud, sin que recibiera oportunamente la atención médica correspondiente», según la información oficial. En el caso la Corte IDH, según sus procedimientos, conoció los alegatos de las partes y determinó que para el asunto de la detención preventiva, así como para el tema de la duración del proceso, el Estado venezolano tiene razón, pues al no haberse agotado los recursos internos no se justifica la intervención del organismo interamericano.
El punto en el que la Corte decidió pronunciarse fue el tocante a las condiciones de reclusión y al deterioro de la salud de Díaz Peña. Consideró que «las condiciones de detención eran sumamente deficientes, entre otros, por la falta de acceso a la luz y ventilación natural, las salidas restringidas al aire libre, así como el encierro en las noches y con éste las restricciones de acceder al único baño disponible». En virtud de ello «la Corte consideró que las condiciones de detención del señor Díaz Peña no cumplieron los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno. Con base en lo anterior, la Corte Interamericana concluyó que el Estado venezolano es responsable internacionalmente por la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio del señor Raúl José Díaz Peña». las citas de este párrafo, en su totalidad, provienen del comunicado oficial de la CIDH sobre la sentencia sobre este caso.
Por ello parece un tanto extrema la posición venezolana que señala que la sentencia por este caso es una manera de «atropellar» al derecho internacional y «ofender la dignidad» del pueblo venezolano, según retoma las declaraciones oficiales la cadena de televisión Telesur. Ciertamente el SIDH es perfectible, aunque tampoco se puede obviar el hecho de que es el sistema regional de derechos humanos más eficiente del mundo, pues el Sistema Europeo –por ejemplo– se encuentra saturado por su decisión de eliminar una intermediación como la que realiza la Comisión IDH, que impide que la Corte deba de resolver la totalidad de los asuntos.
En este contexto la batalla retórica pareciera relacionarse más con el interés de Estados con ideologías tan confrontadas como Colombia y Venezuela, por limitar el escrutinio internacional en materia de derechos humanos, lo cual va en detrimento de los ciudadanos de los países americanos que han aceptado la integración de sus sistemas jurídicos con el SIDH (no se puede negar que EU y Canadá han tenido una posición retrógrada en este sentido, pues no lo han hecho). Esta disputa ha derivado ya en la salida de santiago cantón, quien durante 10 años fue Director Ejecutivo de la Comisión IDH y sostuvo una relación tensa precisamente con estos actores que critican al SIDH (La BBC de Londres ha publicado una interesante entrevista con el argentino).
La posición de nuestro país en este conflicto será de gran relevancia, pues cuenta con presencia muy relevante en los tres organismos del SIDH. Recordemos que Emilio Álvarez Icaza ha sido nombrado recientemente nuevo Director Ejecutivo de la Corte IDH, por lo que de alguna manera encabezará el diálogo con los detractores del SIDH. Por su parte José de Jesús Orozco Henríquez, también mexicano, es el actual presidente de la Comisión IDH. Finalmente también recientemente Eduardo Ferrer MacGregor fue nombrado juez de la Corte IDH por los próximos 6 años.
Así la crisis del Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos coloca en la paradójica posición de ser abanderados en el campo de los derechos humanos para América Latina, mientras al interior de nuestro país vivimos una importante crisis de legitimidad de nuestras instituciones. ¿Lograremos convertirla en una oportunidad?