El día de ayer, finalizó en Ginebra, Suiza, la 8ª sesión del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (Comité CERD). A lo largo de dos jornadas de trabajo, el Comité revisó el informe periódico presentado por el Estado mexicano, representado por una delegación de dieciséis funcionarios, encabezada por el Embajador Alejandro Negrín Muñoz, Director General de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por el Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Ricardo Bucio Mújica, entre otros.
Cabe resaltar que el Comité CERD es un órgano compuesto por dieciocho expertos independientes de todas partes del mundo, quienes se ocupan de revisar el cumplimiento de los Estados de las obligaciones reconocidas en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
En general, los expertos formularon numerosas preguntas y expresaron su preocupación por la marginación de los pueblos indígenas en términos económicos y la discriminación social que existe en su contra. Para el Comité resultó de particular interés el caso paradigmático de Hugo Sánchez Ramírez, joven mazahua recluido injustamente en el Estado de México y cuyo expediente está por resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los expertos del Comité recordaron la obligación de evitar detenciones arbitrarias en contra de grupos sociales vulnerables y señalaron la necesidad de evitar «falsos positivos» en el combate a la inseguridad, refiriendose al riesgo de que, en el afán de producir resultados ante la legítima demanda social por mayor seguridad pública, se victimice a personas inocentes.
El Comité CERD también conoció del encarcelamiento de José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz en el estado de Puebla, quienes fueron criminalizados por defender el acceso al agua para toda su comunidad. A propósito de ellos, cabe señalar que el día martes 14 de febrero, estos hombres indígenas presos injustamente recibieron la visita en el penal de Huauchinango, Puebla, de Jacinta Francisco Marcial y Basilia Ucán Nah, quienes también fueron víctimas de las fallas del sistema de justicia penal, así como de algunos colaboradores del Centro Prodh.
Por otro lado, los integrantes del Comité CERD pidieron información sobre la población afrodescendiente en México y sobre la discriminación social que esta población enfrenta en la vida cotidiana. Los miembros del Comité CERD externaron también su preocupación por la grave situación de inseguridad que viven las personas migrantes en el país, incluyendo los secuestros cometidos a esta población, así como por la evidente xenofobia presente en casos como el de la Casa del Migrante de Lechería, en el Estado de México (misma que próximamente será reubicada). Además, formularon preguntas acerca de la situación que viven las minorías religiosas en el país.
Por: Miguel Maestro