Por falta de información actualizada en formato de datos abiertos se desconoce cuántas comunidades rurales, indígenas y equiparables están siendo afectadas por proyectos extractivos, como el caso de Tecoltemi, comunidad nahua de Puebla que demandó judicialmente a la Secretaría de Economía en 2015 por haber otorgado sobre su territorio dos concesiones mineras sin consulta y sin su consentimiento (…)

Pero la falta de desarrollo, tan unida a la corrupción y la impunidad, hacen que se viva en la inseguridad y el desorden en muchos municipios de donde huyen las personas migrantes. Y se encuentran en el tránsito por México con más inseguridad y desorden, a pesar de los pactos globales de migración que en diciembre del año 2018 fueron firmados por más de 160 paísescomprometiéndose a una migración “segura” y “ordenada» (…)

En México continuamos viviendo restricciones que nos impiden ejercer nuestro derecho humano a la libertad de expresión y reunión pacífica (…)

El actual Congreso en su composición mayoritaria afín al Presidente de la República no ha dado muestras de autonomía; el Poder Judicial se debate de manera errática para reformarse y prefiere, salvo contadas excepciones, refugiarse en resoluciones que no confronten al titular del Poder Ejecutivo. Bien se hace desde los pueblos indígenas en no darle tregua y recurrir a sus diversas instancias (…)

La perspectiva constitucional puede contribuir a entender mejor que la política exterior mexicana no puede ser complaciente con violaciones flagrantes a derechos humanos como las que ocurren hoy en Nicaragua (…)

El meollo del asunto radica en que la clase política, aglutinada en el Congreso como cuerpo político que encarna la representación popular, se atrinchera para violar el derecho fundamental a la información. La actitud del Legislativo perpetúa prácticas discrecionales en el gasto de comunicación social que implican vulnerar de manera permanente el derecho a informar y ser informados (…)