Por falta de información actualizada en formato de datos abiertos se desconoce cuántas comunidades rurales, indígenas y equiparables están siendo afectadas por proyectos extractivos, como el caso de Tecoltemi, comunidad nahua de Puebla que demandó judicialmente a la Secretaría de Economía en 2015 por haber otorgado sobre su territorio dos concesiones mineras sin consulta y sin su consentimiento.
Estas condiciones permiten a los proyectos extractivos imponerse en condiciones de opacidad violando así estándares internacionales de derechos humanos y transparencia. Lo cual genera un alto número de conflictos sociales y afectaciones ambientales en todo el territorio nacional.
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