El pasado viernes 17 de febrero fue presentado el ya tradicional Informe sobre la evolución del caso Pasta de Conchos. En él se documenta que, a seis años del siniestro de Pasta de Conchos, persiste la impunidad: la justicia mexicana no ha sido capaz de castigar a los responsables.

El domingo en la madrugada, una riña entre grupos rivales, presuntamente provocada para encubrir una fuga masiva, terminó con la vida de 44 personas presas en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Apodaca, Nuevo León. Según la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (Cadhac), éste no es un hecho aislado, sino que ocurre en un «continuo y perverso proceso de deshumanización de los centros penitenciarios».

Luis Eduardo Cisneros Zárate era un sociólogo egresado de la UAM Xochimilco. A los pocos meses de que policías municipales de Chalco, en el Estado de México, lo detuvieran arbitrariamente, lo golpearan y robaran sus pertenencias, fue víctima de desaparición y posteriormente, fue hallado muerto. Su caso es el de cientos más, víctimas de la vulnerabilidad social frente al Estado.

El día de ayer, 16 de febrero, la Fundación John D. and Catherine T. MacArthur anunció que el premio MacArthur para Instituciones Creativas y Efectivas es para la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDTT).

El Comité CERD mostró su preocupación por las personas indígenas, las mujeres, los migrantes en tránsito por México y las minorías religiosas. Instó al Estado a resolver el caso de Hugo Sánchez Ramírez de acuerdo a los más altos estándares de justicia; conoció también del caso de José Ramón y Pascual, Defensores Comunitarios del Agua.

En el municipio de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, el gobierno municipal pretende hacer un relleno sanitario en una cuenca de un río en la zona de Moloacán, lo cual ha generado rechazo de sus habitantes, quienes pugnan por defender su río y sus barrancas.