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En este día, recordamos que en México la violación a los derechos de las mujeres continúa siendo una práctica de Estado. Ejemplo de ello es la tortura sexual perpetrada por elementos policiacos el 3 y 4 de mayo del año 2006, cuando el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto ordenó coartar la protesta social de los pobladores del Valle de Texcoco y Atenco.

Las organizaciones señalaron que el derecho al debido proceso comprende el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de los estándares constitucionales; asimismo, destacaron que presentar ante los medios de comunicación a cualquier persona y exhibirla como responsable de algún hecho delictivo va en contra de la presunción de inocencia.

El día de ayer, el Estado mexicano, por medio del Secretario de Gobernación Alejandro Poiré, reconoció la responsabilidad que tuvo por las violaciones a los derechos humanos de Inés Fernández, indígena Me´Phaa originaria de Ayutla de los Libres, Guerrero. Cabe señalar que este acto se da como parte del cumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitida contra México en el año 2010.