De manera oportuna, todos los medios de comunicación han informado que el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha propuesto, en su proyecto de amparo directo en revisión 517/2011 Caso Florence Cassez, otorgar el amparo y ordenar su inmediata y absoluta libertad, debido a que hubo violaciones al derecho fundamental a la presunción de inocencia, derecho de los detenidos extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular y al derecho de los detenidos a ser puestos a disposición inmediata ante el Ministerio Público, mismos que produjeron una indefensión total de ésta.
Al respecto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (Centro Vitoria), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD), i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), informaron en un boletín de prensa que el pasado 27 de febrero presentaron un amicus curiae a la SCJN, en el que expusieron argumentos que demuestran las violaciones a los derechos humanos en el proceso que se le sigue a Florence Cassez.
Las organizaciones señalaron que el derecho al debido proceso comprende el derecho a no ser juzgado a partir de pruebas obtenidas al margen de los estándares constitucionales; asimismo, destacaron que presentar ante los medios de comunicación a cualquier persona y exhibirla como responsable de algún hecho delictivo va en contra de la presunción de inocencia.
Además, denunciaron que la ciudadana francesa no recibió asistencia consular de manera efectiva, por lo que fundamentaron la necesidad de que la SCJN evidencie las contradicciones existentes en la política internacional (por ejemplo, a partir de lo sucedido en el famoso Caso Avena).