El viernes pasado, organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra el Centro Prodh, rechazaron públicamente la aprobación en lo general del dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. De hecho, exigieron la reposición del procedimiento legislativo, argumentando la improcedencia del proceso al haberse omitido las firmas de la Comisión de Defensa Nacional y la Comisión de Derechos Humanos.
Para las organizaciones de defensa y protección de derechos humanos, este tipo de procedimientos ejemplifican la urgencia con la que los representantes de los partidos políticos buscan aprobar una reforma que han sido rechazada por académicos, especialistas y por los propios centros de derechos humanos, quienes se encontraban participando en los espacios de audiencia y consulta. Asimismo, demuestran que no les es importante el hecho de que distintas instancias internacionales, como las Naciones Unidas, hayan reprobado esta reforma, por considerar que responde a un modelo autoritario de relaciones cívico-militares y que no cuenta con un mecanismo de participación ciudadana.
En este sentido, las organizaciones demandaron a las y los legisladores una apertura capaz de construir un modelo de seguridad ciudadana que responda a los más altos niveles de garantía y vigencia de los derechos humanos.