Más de cuatrocientas personas, provenientes de 101 organizaciones y colectivos de 16 estados de la República, entre los que se encuentran Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Tlaxcala, Estado de México y el Distrito Federal, acudieron a la comunidad de Salsipuedes, en Acapulco, Guerrero, para celebrar la séptima Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA).
En esta Asamblea, se acordó la participación en el Tribunal Permanente de los Pueblos para continuar luchando por el derecho a un medio ambiente sano y por la vida de los pueblos y comunidades, quienes se han visto seriamente afectadas por las políticas económicas actuales. Asimismo, manifestaron que tendrán una participación en la demanda al gobierno mexicano por las afectaciones al sistema hídrico nacional en la sesión del Tribunal Latinoamericano del Agua, a celebrarse en septiembre del 2011 en Buenos Aires, Argentina.
En este sentido, las demandas urgentes de la séptima ANAA son la cancelación de la presa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, de la presa El Zapotillo, en Jalisco, Paso de la Reina en Oaxaca y la de Jales en Michoacán, así como de las 112 mini-hidroeléctricas en Veracruz. También exigieron detener la expansión de la empresa Granjas Carroll de México en Veracruz y Puebla. Por otra parte, señalaron la obligación que tiene el gobierno de cancelar las operaciones mineras en todo el país, especialmente la de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, Alto Lucero, en Veracruz, San José del Progreso, Santa María Zaniza y Calpulalpam, en Chiapas, Santa Gertrudis, en Jalisco y Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Asimismo, que se cierre de manera inmediata y permanente la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz, por considerar que existe un alto riesgo de un accidente nuclear.
En cuanto al derecho a la alimentación, en la ANNA las organizaciones demandaron la derogación de las leyes federales de bioseguridad y de semillas y de las leyes estatales de fomento y protección al maíz de Tlaxcala, Michoacán y Oaxaca, por considerar que en realidad son instrumentos que dan certeza jurídica a las grandes empresas, dejando sin protección a los campesinos y a sus pueblos y comunidades. Por último, manifestaron su rechazo a la siembra experimental piloto o comercial de cualquier tipo de maíz transgénico y exigieron su prohibición en México.
