Contrario a lo recientemente expuesto por el presidente Calderón ante Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en el sentido de que el gobierno federal está atento a las necesidades de los grupos de defensa y promoción de los derechos humanos y que asume con convicción sus planteamientos, recientemente el Secretario de Marina declaró que “existen grupos delictivos que tratan de manchar el buen nombre de las instituciones, utilizando grupos ciudadanos que mediante engaños, pretenden que caigan en el juego perverso de los criminales, ya que al utilizar la bandera de los derechos humanos intentan dañar la imagen de las instituciones con el fin malévolo de obstruir la participación de las mismas en su contra y así tener el campo abierto a su maldad”.
Además de desacreditar la labor de las y los defensores de derechos humanos, estas declaraciones incrementan su vulnerabilidad y dañan los esfuerzos que distintas organizaciones han asumido para concretar un mecanismo de protección permanente. Es por esta razón que Amnistía Internacional emitió un pronunciamiento en el que exige que el gobierno federal reitere públicamente el reconocimiento al valor y la legitimidad del trabajo de quienes defienden derechos humanos en el país.