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Ciudad de México, 11 de febrero de 2022. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51VG/2022 al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y a la fiscal general de la entidad, Verónica Hernández Giadáns, por las violaciones graves a derechos humanos cometidas contra una July Raquel, quien fue torturada y abusada sexualmente, luego de ser detenida en la Ciudad de México y trasladada a esa entidad por parte de policías ministeriales.
El sábado 6 de noviembre de 2020, July Raquel Flores Garfias, mujer joven, trabajadora y madre, fue detenida en un operativo conjunto de la Policía Ministerial del estado de Veracruz y de la Ciudad México. Estuvo retenida por varias horas en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente fue trasladada en vehículos de la policía ministerial del estado de Veracruz al municipio de Xalapa, en esa misma entidad, para ser presentada ante un juez. Durante las más de nueve horas que duró el viaje, que debería tomar la mitad de ese tiempo, July Raquel fue víctima de actos de tortura y tortura sexual mientras se le acusaba de relacionada con el homicidio de la rectora del Colegio Valladolid, ocurrido el 29 de junio de 2020 en Xalapa. Desde entonces, July Raquel se encuentra privada de su libertad.l
A partir de mayo de 2021, el Centro Prodh ha acompañado a July Raquel y a su familia en la exigencia de que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes ante los actos de tortura sexual cometidos por las autoridades que realizaron su detención y traslado. Debido a la trascendencia y gravedad de los hechos, en el mes de julio de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ejerció su facultad de atracción sobre la queja presentada por la familia de July ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, a raiz de los actos de tortura.
La investigación de la CNDH acreditó que la víctima fue objeto de diversos actos de tortura, que vulneraron su derecho a la integridad personal, a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, que laceraron su dignidad, honra e intimidad, con lo cual, indebidamente, las autoridades involucradas lograron que aceptara la presunta comisión de un delito.
Las secuelas generadas quedaron constatadas a través del Informe de Evaluación Psicológica, conforme a lo establecido en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes “Protocolo de Estambul”, en el que se dictaminó que la víctima aún presenta en su comportamiento manifestaciones como insomnio, ansiedad, hipervigilancia, respuesta exagerada de sobresalto, rechazo a la interacción con hombres y alteración de su respuesta sexual.
La CNDH determinó que aun cuando los agentes estatales tenían la obligación de garantizar la integridad de la persona detenida hasta que fuera puesta a disposición de la autoridad competente, generando condiciones de seguridad y libres de cualquier acto o contexto de violencia, debido a su género; hicieron uso de técnicas ilegales para obtener su confesión, utilizando su cuerpo y su sexualidad como un elemento más para infligir en ella actos que la afectaron gravemente.
Asimismo, tanto el médico adscrito a la Dirección General de la Policía Ministerial como las autoridades del penal de Pacho Viejo también vulneraron sus derechos fundamentales, ya que tuvieron conocimiento de los posibles actos de tortura y violencia sexual cometidos y, a pesar de ello, omitieron denunciarlos a la autoridad competente, lo que indudablemente ha impactado en el acceso a la justicia.
«El conjunto de evidencias permitieron a este Organismo Autónomo acreditar violaciones graves a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal por actos de tortura y violencia sexual; al trato digno, a la no discriminación y a una vida libre de violencia cometidos por policías ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del estado; así como al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la seguridad jurídica por parte de personas servidoras públicas de esa dependencia y de la Secretaría de Seguridad Pública local», informó el organismo nacional.
Por ello, la CNDH solicitó al gobernador de Veracruz inscribir a la persona afectada en el Registro Estatal de Víctimas; evaluar si existen otras víctimas indirectas del caso, a fin de que puedan acceder a una reparación integral del daño, y colaborar en la presentación de las quejas y denuncias que el organismo formule ante las instancias correspondientes para que se investigue la responsabilidad de las personas servidoras públicas que hayan participado en los hechos.
A la fiscal general de la entidad se le solicitó reparar integralmente el daño causado a la víctima, incluyendo para ello una compensación justa y suficiente; colaborar en las denuncias y quejas que se presenten para deslindar responsabilidades; actualizar el Protocolo de diligencias básicas a seguir por el ministerio público en la investigación de los delitos contra la libertad, la seguridad sexual, contra la familia, de violencia de género y feminicidio; así como de otros protocolos para la investigación de delitos contra la integridad personal.
Además, la CNDH recomendó la capacitación de personal de la fiscalía estatal y del centro penitenciario en derechos humanos y prevención de la tortura.