Ciudad de México, 02 de diciembre de 2021. En el contexto del debate sobre la Reforma Constitucional en materia eléctrica que lanzó el gobierno federal el 30 de septiembre y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021, organizaciones indígenas, barriales y ambientalistas llamaron a hablar a fondo del modelo energético y la transición socioecológica que México necesita.
Las y los defensores llamaron a democratizar y transparentar el tema, dado su carácter estratégico y vital, y consideraron que es ineludible ampliar el debate hacia las desigualdades estructurales y visibilizar quiénes son los sectores sociales que más consumen energía y cómo lo hacen. «Por ejemplo, las industrias, principalmente de los sectores minero, cementero, siderúrgico y maquilador, consumen tres veces más electricidad que el conjunto de la población. En este sentido, es inalcanzable materializar una ruta de transición energética sostenible, democrática y justa si no cuestionamos el modelo económico que fomenta este consumo», advirtieron.
«Como pueblos, organizaciones, colectivas y cooperativas que integramos la campaña Luces de las resistencias trabajamos conjuntamente desde hace un año, aunque algunas de las organizaciones aquí firmantes llevan más de una década en el tema. El 17 y 18 de noviembre de este 2021 nos reunimos en Oaxaca para reflexionar colectivamente sobre el nuevo contexto y la necesidad de ampliar la conversación. Por eso, presentamos esta serie de argumentos o luces urgentes para abordar el sentido de la transición energética desde el campo popular, poniendo en común alternativas energéticas sostenibles, justas y solidarias», adelantaron.
Luces sobre el debate energético
- Las mal llamadas energías limpias: Compartimos la relevancia de limitar la participación en la generación eléctrica de las grandes empresas privadas, cuya mayor motivación en participar en este mercado es la acumulación, antes que la de satisfacer las necesidades de los pueblos, comunidades y el país en general. Estas empresas profundizan el modelo de acumulación de capital que, pintado de verde, genera especulación financiera, mercantilización de la energía, degradación de zonas de gran diversidad ambiental y cultural y despojo territorial. Aunque estas empresas se autoproclaman generadoras de «energías limpias», existen decenas de ejemplos en Yucatán, Morelos, Puebla, Veracruz, Baja California, Oaxaca y otras entidades en los que corporaciones eólicas, solares, hidroeléctricas o termoeléctricas imponen sus proyectos, violando derechos humanos y limitando el acceso a la tierra, al medio ambiente sano y a la salud. En síntesis, hacen negocios sin preocuparse por el bienestar de los pueblos que habitan los lugares donde se instalan.
- La CFE y los derechos de los pueblos: Aunque la defensa de los servicios públicos debe ser prioritaria, no podemos dar por sentado que una empresa del Estado como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) va a garantizar el acceso a la energía sin afectar los derechos de los pueblos. Nos preocupa la incertidumbre jurídica que diversos pueblos y comunidades tendrán ante megaproyectos energéticos y si se profundizará el despojo, la represión y persecución contra quienes decidan defender sus tierras y aguas comunes. Y es que la generación de energía por parte de la CFE, también ha violado derechos humanos, como lo hacen las empresas privadas. Tenemos como ejemplo los intentos de imposición de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, el tendido de alta tensión en Cuetzalan, Puebla, y la hidroeléctrica en Paso de la Reina, Oaxaca, entre tantos otros, los cuales han generado conflictos sociales, persecución, criminalización y asesinatos.
- Los actuales megaproyectos como asunto estratégico de Estado: Mientras el gobierno declare territorios «estratégicos» seguirá abierta la puerta a expropiaciones sin diálogo y mediante el uso de fuerzas gubernamentales como la Guardia Nacional o el Ejército. Vemos que el despojo se hace más evidente a través del acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 22 de noviembre, mediante el cual el Estado considera de interés público y seguridad nacional la construcción de proyectos energéticos y obras de infraestructura, tales como nuevas plantas eléctricas, subestaciones y tendidos eléctricos de alta tensión para aumentar la capacidad de generación. Vemos que el despojo podría agudizarse mediante la nueva Reforma Eléctrica, como hemos visto con los proyectos prioritarios de la 4T: el mal llamado Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, la continuidad del Proyecto Integral Morelos y el Corredor Interoceánico, que pretenden ser el nudo que articule toda la infraestructura energética para interconectar éstos y más obras, satisfaciendo el consumo energético de las grandes industrias y mercados nacionales e internacionales a costa del despojo, la destrucción del medio ambiente e incluso con hostigamiento, persecución y amenazas a la vida de quienes defendemos nuestros territorios.
- La extracción del litio: En relación a la propuesta del presidente para “integrar al litio, y los demás minerales estratégicos, como área estratégica del estado… y como áreas prioritarias”, no podemos olvidar que la industria minera del litio, o cualquier otro mineral, implica una fuerte carga de devastación ambiental y consumo de agua para su extracción. No se debe priorizar el fomento del modelo extractivo minero para solucionar un problema ambiental global por medio de una transición energética que pase por encima de los derechos de las comunidades a un ambiente sano y al agua potable, y que al final exacerba el problema que pretende solucionar. Mientras el cambio de fuentes fósiles a renovables esté en manos de intereses económicos corporativos y no para el bien común, sólo hablaremos de falsas soluciones tecnológicas y no de transición democrática y justa. No existen minerales ni planeta suficiente para sustituir las fuentes de energía y mantener el mismo modelo de desarrollo, las mismas estructuras de dominación colonial y de acumulación de capital, ampliando cada vez más las fronteras extractivas.
- La prohibición del fracking: En un contexto de acciones urgentes para atender los compromisos del Acuerdo de París y limitar el calentamiento del planeta en 1.5°C, es necesario prohibir prácticas que contribuyen ampliamente con el aumento de temperaturas, como el fracking, el cual persiste en México a pesar de que el gobierno de México se comprometió a erradicarlo. Año tras año, el presupuesto asignado para el fracking ha ido creciendo. Para el 2022, se asignó 15 mil millones de pesos, lo cual significa un aumento de 219% respecto a 2021. Además, cabe recalcar que en México el 64% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector energético, principalmente del consumo de combustibles fósiles, incluyendo al mal llamado gas “natural”. Junto con el petróleo, carbón, y combustóleo, el gas es parte de los combustibles súper contaminantes que alimentan al Sistema Eléctrico Nacional. El uso de gas para la generación de energía eléctrica tuvo un incremento de 1031% entre 1990 y 2015, proveniente principalmente de yacimientos de lutitas explotados con fracking que importamos desde Estados Unidos, lo cual provoca una fuerte dependencia de la CFE. La transición energética justa tiene que incluir dejar los combustibles fósiles bajo tierra.
- El derecho a la energía eléctrica y la tarifa social justa: Desde hace décadas, diversos pueblos y comunidades de nuestro país han luchado contra las altas tarifas eléctricas. Si bien es urgente la condonación de deudas de miles de personas a las que se les hacen cobros exorbitantes, la pandemia nos ha demostrado una vez más, que el acceso a la energía eléctrica es fundamental y vital. Consideramos esencial hacer explícito en la nueva reforma el derecho humano a la energía eléctrica y a una tarifa social justa que plantee el acceso a este bien común como un tema de derechos humanos, y no de mercado y precios. Para que esto ocurra es necesario contemplar la tarifa social dentro del tabulador y profundizar las reformas a la Constitución en materia de derechos y su aplicación en leyes secundarias.
- La soberanía tecnológica: Proponemos procurar el uso de tecnologías locales propias y no depender ni de políticas ni de la tecnología del Norte global, que sólo existe gracias al saqueo y apropiación de los bienes de los pueblos del Sur. Hacen falta en México programas amplios de financiamiento que procuren la investigación científica y tecnológica para resolver esta deficiencia histórica.
- Otras formas sociales, comunitarias y populares de generación y gestión de la energía: Desde la campaña Luces de las Resistencias queremos una transición sostenible, democrática, descentralizada y justa. Mantenemos la preocupación de que se desdeñen otras formas sociales, comunitarias y populares de la gestión de la energía. Nos parece fundamental que la propuesta de reforma contemple con claridad las formas en las que las comunidades y la ciudadanía puedan participar activamente del debate energético, sin reducirlo a un debate sobre la electricidad, en atención al derecho humano a la energía y de formas más justas y democráticas de su gestión, como es la generación distribuida.
Las organizaciones dijeron que «estas luces son una propuesta de debate público gestada durante una amplia discusión de diversas organizaciones del México de abajo. En ellas están algunas de las rutas de pensamiento para una transición socioambiental popular, la autonomía energética y el pleno cumplimiento de los derechos que garanticen la reproducción de la vida».