Ciudad de México, 14 de octubre de 2021. A un año de que se iniciara un proceso penal contra defensores del territorio que protestaron contra la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en Bachajón, las comunidades del pueblo maya-tseltal y las familias de los defensores comunitarios exigieron que dicho proceso sea archivado definitivamente.
El 15 de octubre de 2020, en el crucero Temó, en el tramo carretero Ocosingo – Palenque, alrededor de 300 elementos de diversas corporaciones policiacas reprimieron la protesta de los habitantes de diversas comunidades de Chilón contra la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional. Durante los hechos, César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández fueron privados arbitrariamente de su libertad, torturados e incomunicados, mientras que 11 personas más resultaron heridas y varios vehículos particulares dañados.
Los defensores del territorio fueron puestos a disposición en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región 01, de Cintalapa, Chiapas, y vinculados a proceso por el delito de motín, sin que se consideraran las violaciones a derechos humanos documentadas por su defensa.
«A pesar de las diversas irregularidades del proceso, tales como la detención ilegal, tortura y retardo en la puesta a disposición, en la audiencia de revisión realizada el 01 de noviembre de 2020, únicamente se les otorgó el cambio de medida cautelar por lo que hoy siguen su proceso penal en libertad, prohibiéndoles salir del área territorial de Ocosingo y Chilón, y teniendo que firmar cada 15 días, lo que implica un desgaste para ellos y sus familias», explicaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro Prodh.
A lo largo de este año, la defensa ha interpuesto una serie de recursos legales para poder lograr la libertad de los tseltales, entre los que se encuentra la solicitud realizada al Juzgado de Control sobre la exclusión de pruebas obtenidas a partir de la tortura que sufrieron; sin embargo, todos los recursos fueron desestimados.
En noviembre de 2020, diversas comunidades del pueblo maya tseltal, acompañadas por el Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional, argumentando que existieron diversas violaciones a sus derechos colectivos como pueblos indígenas, entre ellos a una consulta libre, previa y culturalmente adecuada; así como el derecho a la no militarización de los territorios indígenas. A un año de haberse interpuesto dicho amparo, éste continúa sin ser resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, teniendo pendiente la resolución de un recurso de revisión y queja por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa en Tuxtla Gutiérrez.
Ante esta situación, las comunidades del pueblo maya-tseltal del municipio de Chilón y las familias de los defensores procesados solicitaron a la Fiscalía General del Estado de Chiapas el sobreseimiento de los procesos penales que se siguen en su contra por defender su territorio de la militarización. De igual manera, llamaron al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa y al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo y juicios federales a realizar un análisis acucioso respecto a los derechos colectivos vulnerados con la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización del territorio maya-tseltal, generando mecanismos de acceso efectivo a la justicia de los pueblos.