La edición de hoy, slider, Temas relevantes de DH — septiembre 7, 2021 at 8:00 am

Dos años de impunidad en la masacre de Valles de Anáhuac

Imagen: El Mercurio de Tamaulipas

Ciudad de México, 07 de septiembre de 2021. Al cumplirse dos años de la masacre de ocho personas en el fraccionamiento Valles de Anáhuac en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no se ha alcanzado la justicia, denunció el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Hasta el momento, hay dos agentes detenidos, tres policías convertidos en testigos protegidos y dos elementos más que siguen prófugos. Hasta el momento, ningún militar ha sido investigado por su participación en estos hechos.

De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, el 5 de septiembre de 2019, elementos de la Policía Estatal Acreditable y del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET), con el acompañamiento y la complicidad de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), allanaron tres domicilios particulares sin orden de cateo, detuvieron a cinco hombres y tres mujeres y luego las ejecutaron. “Las víctimas presentaban huellas de tortura y marcas en sus muñecas de haber sido esposados al momento de su muerte”, informó la organización independiente de derechos humanos.

Aunque el director del CAIET habría dicho que habían “abatido” a ocho integrantes de un grupo delictivo en un enfrentamiento, el testimonio de al menos tres víctimas sobrevivientes y una investigación del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo permitieron descubrir que dicho “enfrentamiento” fue en realidad un montaje para encubrir los homicidios.

Por estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mantiene abierto el expediente de queja CNDH/2/8078/2018/Q; familiares de las víctimas han solicitado a la ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra, que concluya su integración y emita una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos.

El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que autoridades de Tamaulipas han simulado el juicio para beneficiar a los agentes acusados por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada -omitiendo tortura y robo, entre otros delitos. Acusó que el beneficio de criterio de oportunidad, con la finalidad de “colaborar” con las autoridades a cambio de cancelarlas órdenes de aprehensión en su contra, se otorgó a tres agentes sin informar a familiares de las víctimas los alcances, objetivos de esta decisión y su fundamento legal.

Además, las familias de las víctimas desconocen si la Fiscalía estatal ha solicitado la colaboración de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías estatales para localizar a los dos agentes prófugos.