Ciudad de México, 04 de agosto de 2021. El 22 de julio pasado, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó a la Minera Cuzcatlán el permiso ambiental solicitado para la extensión de su proyecto minero en los valles centrales de Oaxaca, lo que representa «un extraordinario logro de diez comunidades en Oaxaca y de nuestra aliada EDUCA», informó la organización Oxfam.
La Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. es una filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines Inc. Pese a la oposición de la comunidad de San José del Progreso, la Minera Cuzcatlán desde 2014 anunció la expansión del proyecto minero denominado “Trinidad Norte” (San José del Progreso II), el cual afectaría las comunidades vecinas de San José del Progreso, entre ellas: San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, la Noria de Ortíz, Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Los Ocotes y el Vergel.
Desde septiembre de 2020, el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos exigió a la Semarnat negar la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). La organización explicó que 75 obras del proyecto minero son irregulares y fueron construidas desacatando el permiso ambiental aprobado por Semarnat en 2009, por lo que la empresa fue sujeta a una sanción administrativa por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La Semarnat resolvió que la empresa incumplió con lo establecido en el permiso original entregado en 2009 y dijo que el documento entregado por Fortuna Silver Mines “carece de soporte técnico suficiente que brinde certeza y confiabilidad… la promovente no cumple con la información mínima requerida para garantizar el cumplimiento de la normatividad”.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales argumentó que “bajo el amparo del principio de precaución, una evaluación de impacto y riesgo ambiental es una condición necesaria para la implementación de cualquier proyecto, y en consecuencia, su ausencia constituye en sí misma una vulneración a este principio”. En este sentido la dependencia resolvió negar el permiso ambiental ya que “el carácter preventivo de las medidas ambientales fue rebasado, vulnerando el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades involucradas”.
Durante el proceso de análisis y evaluación del permiso ambiental, las 12 comunidades que integran el Frente No a la Minería por un Futuro de Todxs lograron comprobar las afectaciones, realizar observaciones al permiso ambiental y entregar la determinación de sus asambleas en sus declaratorias de territorio prohibido para la minería a la dependencia encargada de proteger el ambiente en el país.