Crece la exigencia internacional de investigar espionaje con Pegasus

Ciudad de México, 20 de julio de 2021. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), entre otras organizaciones internacionales, repudiaron el uso de software espía contra periodistas y defensores de derechos humanos y exigieron que se detenga su uso, así como investigaciones que sancionen a los responsables.

El pasado fin de semana se dio a conocer la investigación Pegasus Project, que reveló nueva información sobre el uso del malware de espionaje en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos alrededor del mundo, incluyendo México. Pegasus Project fue coordinada por Forbidden Stories, una organización francesa dedicada al periodismo de investigación, en conjunto con Amnistía Internacional. En la investigación participan más de 80 periodistas del mundo de 17 medios y organizaciones. De acuerdo con la información revelada por medios como Aristegui Noticias, Proceso, The Washington Post y The Guardian, más de 50 mil números de teléfono aparecen como potenciales objetivos de Pegasus, de los cuales más de 15 mil poseen el código de país de México.

Dentro de los 15 mil números mexicanos reportados se incluyen los de personas defensoras de derechos humanos, familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de más de 25 periodistas, incluyendo al periodista guerrerense Cecilio Pineda Brito, quién fue asesinado en marzo de 2017, apenas unas semanas después de haber sido atacado con Pegasus, según la información publicada.

https://twitter.com/CentroProdh/status/1417203410689003526?s=20 

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos consideró “extremadamente alarmantes” las informaciones que dan cuenta de un uso generalizado en distintos países del software Pegasus para espiar a periodistas, defensores de los derechos humanos, políticos y otras personalidades públicas.

En un comunicado, Michelle Bachelet señaló que estas revelaciones confirman “algunos de los peores temores” sobre el uso indebido e ilegal de la tecnología de vigilancia para socavar los derechos humanos de las personas.

“Estos informes confirman la urgente necesidad de regular mejor la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia y de garantizar una supervisión y autorización estrictas. Sin marcos regulatorios que cumplan con los derechos humanos, existen demasiados riesgos de que se abuse de estas herramientas para intimidar a los críticos y silenciar la disidencia”, argumentó.

En este contexto, la Alta Comisionada aseveró que los gobiernos deben cesar inmediatamente el uso de tecnologías de vigilancia que violen los derechos humanos y que deben tomar medidas concretas para protegerse contra las invasiones de la privacidad regulando la distribución, uso y exportación de la tecnología de vigilancia creada por un tercer actor.

Ayer, organizaciones de la sociedad civil llamaron a garantizar una investigación imparcial, amplia, exhaustiva y profesional que identifique a todas las víctimas de espionaje, a los responsables materiales e intelectuales de perpetrar los ataques, así como de los funcionarios que hayan participado en el encubrimiento de los mismos; de manera que las víctimas y la sociedad en general puedan conocer la verdad completa respecto de estos graves hechos.

El Comité para la Protección de los Periodistas exigió este lunes a gobiernos y empresas medidas para terminar con los “abusos” con programas espía. “Este informe muestra cómo los Gobiernos y compañías tienen que actuar ahora para detener el abuso de este programa espía que está usándose evidentemente para minar las libertades civiles, no sólo contra el terrorismo y el crimen”, señaló en un comunicado Robert Mahoney, vicedirector ejecutivo del CPJ.

Por su parte, Reporteros sin Fronteras (RSF) expresó su repulsa y anunció su intención de llevar ante la justicia a los responsables de esta vigilancia masiva. ¡Qué espanto! Las revelaciones sobre el uso del software espía Pegasus producen repulsión y rechazo en vista del alcance de la vigilancia y los ataques contra los periodistas“, señala el secretario general de RSF, Christophe Deloire. “No, NSO no contribuye a la ‘seguridad global y a la estabilidad’, como la empresa proclama. Al contrario. Pegasus es una herramienta ruin y repugnante, creada por mercenarios digitales y adorada por los ‘depredadores de la libertad de prensa’ porque les sirve para organizar la represión de los periodistas”.

Deloire dijo que “los sistemas judiciales de los países democráticos deben abordar este asunto de extrema gravedad, aclarar los hechos y sancionar a los responsables. RSF emprenderá acciones legales en uno o varios países, dependiendo de las modalidades que se están establezciendo. Alentamos a los periodistas y medios afectados a que contacten con RSF para unirse en una respuesta legal adecuada a las revelaciones sobre el software Pegasus”.

Las nuevas revelaciones confirman los hallazgos publicados en 2017 por las investigaciones conjuntas realizadas por Citizen Lab, Article 19, R3D y SocialTIC, ya que en la lista referida se incluyen los números de periodistas como Ismael Bojórquez, Andrés Villarreal y Griselda Triana —viuda del periodista Javier Valdéz— así como de Carmen Aristegui, de sus familiares y su equipo de trabajo.