Denuncian falta de respuesta de Fiscalías a intervención telefónica a periodista en Guanajuato

Ciudad de México, 16 de julio de 2021. ARTICLE 19, SocialTIC, el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato condenaron las intervenciones a las comunicaciones y suplantación de identidad reportadas por Arnoldo Cuéllar, director del medio digital Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato (POPLab).

De acuerdo con la información publicada por el medio de comunicación, estas intervenciones de los servicios telefónicos del periodista estarían vinculadas presuntamente al personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).

Arnoldo Cuéllar y su equipo reportaron a ARTICLE 19 varios incidentes y compartieron la información recopilada para verificar la intervención de sus comunicaciones, como copias de capturas de pantalla de diversos chats de Arnoldo Cuéllar con fuentes e integrantes de la redacción de ese medio enviadas de forma anónima al periodista; una desconexión de su servicio telefónico de varios días y el testimonio de otra víctima de intervención ilegal desde el mismo número IMEI.

A raíz de los hechos, el 2 de julio, Arnoldo Cuéllar y su representante legal interpusieron una denuncia ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) en su oficina de Guanajuato. Ante la falta de información sobre el progreso de la denuncia, el abogado se comunicó a la delegación, donde le informaron que la denuncia había sido turnada a la Fiscalía del Estado, en las agencias de la ciudad de Guanajuato, por “no ser competencia federal”.

Al menos hasta el pasado 13 de julio, el medio no había recibido ninguna notificación oficial: Ni por parte de la FGR sobre la declinación de la competencia y su transferencia a la FGE ni por parte de la FGE que debe dar su notificación sobre la recepción de la denuncia.

Las organizaciones recordaron que la denuncia de intervención telefónica del periodista Arnoldo Cuéllar se enmarca en un contexto de espionaje en México y otros países del mundo. En  2017 Citizen Lab, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC publicaron un informe  sobre el #GobiernoEspía demostrando el uso del malware Pegasus, comercializado exclusivamente para gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.

En 2019, WhatsApp reveló que sufrió ataques por parte de NSO Group, destacando la detección de un número de objetivos en México durante los primeros meses de 2019. A pesar de las exigencias de múltiples organizaciones para que se aclarara esta información por parte del Estado mexicano, no ha habido una explicación o declaración por parte del gobierno Federal.

Las y los defensores de derechos humanos lamentaron que, en medio del clima de violencia política en Guanajuato, las y los periodistas no cuenten con la FGE como un garante de sus derechos y como una entidad que investigue diligentemente agresiones y delitos en su contra. Por el contrario, sería un actor que presuntamente interviene en las comunicaciones de los periodistas, lo que implicaría violaciones no sólo su derecho a la privacidad, sino también el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información y a la justicia.

“Alerta aún más a esta organización que la FGR decline una denuncia por intervención telefónica por parte de las autoridades estatales y la transfiera a la misma autoridad acusada de cometer el delito. Dicha acción no sólo se contrapone a la Ley de la Fiscalía General de la República, sino que, al poner en riesgo al periodista alertando a su supuesto agresor de la denuncia, también contradice al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión al no considerar el contexto de la denuncia, los factores de riesgo y no prioriza el ejercicio de la labor periodística de la víctima”, agregaron.

Las organizaciones firmantes condenaron todo uso de tecnología de vigilancia o espionaje en casos de periodistas, y reiteran al Estado mexicano su obligación de investigar y esclarecer los hechos.