Ciudad de México, 15 de julio de 2021. El diario estadounidense The New York Times reveló que el gobierno israelí se resiste a extraditar al titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante el sexenio pasado, acusado de tortura, como una manera de penalizar a México por oponerse a las políticas de su gobierno.
El extitular de la AIC ha sido señalado por obstaculizar la investigación y usar la tortura para reforzar la hipótesis peñista conocida como la «verdad histórica», que ha sido desacreditada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y por las propias familias de las víctimas.
De acuerdo con el diario, un alto funcionario israelí dijo que el caso estaba siendo ralentizado a manera de toma y daca diplomático en contra de México, que ha apoyado las indagatorias de las Naciones Unidas sobre las denuncias de crímenes de guerra de Israel contra los palestinos. El funcionario también indicó que el pedido de asilo del exfuncionario aún estaba siendo investigado.
El acusado huyó a Canadá en 2019. En septiembre de ese año voló a Israel, país que no tiene tratado de extradición con México. En diciembre de 2019, al vencerse su visado de turista, pidió asilo político, alegando que los cargos contra él son falsos y parte de un intento del presidente actual por ajustar cuentas con su predecesor.
El subsecretario de Derechos Humanos en México dijo al diario estadounidense que el exfuncionario tiene vínculos con empresas israelíes muy poderosas que emplearon sus influencias para ayudarle a escapar de México.
Durante su cargo, el extitular de la AIC autorizó la compra a empresas privadas israelíes de sistemas de vigilancia telefónica y de hackeo con valor de decenas de millones de dólares. Uno de estos programas espías, Pegasus, diseñado por el grupo NSO de Israel para combatir el crimen y el terrorismo, fue empleado contra periodistas, abogados y activistas, según los hallazgos de una investigación de The New York Times. México también empleó ese spyware, Pegasus, en contra del equipo de investigadores internacionales que acudieron a ayudar a esclarecer el caso de Ayotzinapa.