- En Jalisco por oponerse a la “Presa El Zapotillo”; en Yucatán por defender a personas afectadas por VIH; en Chiapas por acompañar y defender los derechos de los pueblos indígenas.
La Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU-DH) presentó el pasado 24 de noviembre de 2010 una actualización de su diagnóstico sobre la situación de defensores y defensoras en el país, la cual reafirma el alto grado de impunidad de las agresiones en contra de esta población y recoge el aumento respecto al año anterior de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar su seguridad.
Por su parte, la CNDH reconoció este año que: “Es evidente que la omisión del Estado mexicano respecto de su obligación de garantizar la seguridad pública y humana, así como de efectuar una investigación efectiva y completa de los ataques en perjuicio de defensores genera impunidad y, con ello, la repetición crónica de las agresiones.”
Amenazas de muerte a Margarita Martínez y hostigamiento a Diego Cadenas, defensores de derechos de los pueblos indígenas en Chiapas
El pasado 29 de noviembre, se emitió un pronunciamiento por parte de las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” en la que expresamos nuestro rechazo por las amenazas de muerte y hostigamiento de la que en días recientes han sido objeto nuestros colegas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en San Cristóbal, Chiapas así como la defensora Margarita Guadalupe Martínez Martínez, defensora de derechos humanos de la organización Enlace, Comunicación y Capacitación. Expresamos nuestra preocupación por su integridad física y psicológica y nos sumamos a la exigencia del cese inmediato de las amenazas de muerte y el hostigamiento, así como a la obstaculización del trabajo que estos realizan a favor de los derechos humanos.
Las amenazas de muerte contra Margarita y el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Diego Cadenas, fueron efectuadas el pasado 24 de Noviembre, entregadas directamente a Margarita por hombres no identificados ante la ausencia de los custodios que deberían de estar cuidando de ella a raíz de las medidas cautelares con las que cuenta otorgadas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Detención, incomunicación y agresión física y psicológica a José Ricardo Maldonado, defensor de derechos de personas afectadas por VIH en Yucatán
El 4 de diciembre, cuatro personas que se identificaron como agentes de la Policía Judicial del estado de Yucatán, pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia, detuvieron arbitrariamente, incomunicaron y golpearon a José Ricardo Maldonado Arroyo, Director de la Red de Personas Afectadas por VIH AC (Repavih).
La violenta y arbitraria detención, incomunicación y maltrato físico y psicológico sufrido por José Ricardo constituye una grave violación a las garantías constitucionales de una persona cuya labor en los últimos años ha consistido en defender los derechos de las personas afectadas por el VIH/Sida. La utilización de métodos ilegales por parte de la Policía Judicial del estado exhibe la incapacidad de la Procuraduría de Justicia para realizar investigaciones apegadas a derecho y la persistencia de prácticas que son incompatibles con un estado democrático de derecho.
Diversas organizaciones sociales responsabilizan al Gobierno de Yucatán, y especialmente a la Procuraduría General de Justicia del estado, de cualquier suceso que menoscabe la integridad y seguridad personales de José Ricardo, su familia y de los otros integrantes de la Red de Personas Afectadas por VIH.
Amenazas y hostigamiento para opositores a “Presa El Zapotillo” y defensores de Temacapulín en Jalisco: Claudia Gómez, Evangelina Robles, Guadalupe Espinoza, Marco Von Borstel, Gabriel Espinoza y Jade Ramírez
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) denunció el día de hoy las constantes amenazas y hostigamiento de las que son víctimas los abogados Claudia Gómez Godoy, Evangelina Robles González y Guadalupe Espinoza Sauceda, los defensores de derechos humanos Marco Von Borstel y el sacerdote Gabriel Espinoza Iñiguez, así como a la periodista Jade Ramírez Cuevas Villanueva por difundir y dar voz a los afectados (que sigue recibiendo amenazas en su correo electrónico) y a integrantes de la comunidad Temacapulín en represalia por la defensa de su comunidad, la de Acasico y Palmarejo en los Altos de Jalisco contra el proyecto denominado “Presa Zapotillo”.
El gobierno del Estado de Jalisco ha tomado como medio para la solución de los conflictos sociales, las amenazas y la violencia antes de argumentar, discutir y consensar alternativas para evitar respetar los derechos fundamentales de la comunidades y sus habitantes. Como consecuencia de la resistencia de los pobladores de mantener un campamento en el predio de Talicoyunque por 22 días se le ha llamado a las organizaciones defensoras como «células ciudadanas» o los «opositodo» o los que siempre engañan a la gente con falsas esperanzas.
Cada uno de los hechos se suman a los actos de amenazas contra el trabajo de defensores y defensoras en todo el país, motivo de preocupación de organizaciones nacionales e internacionales, así como de diversos órganos de las Naciones Unidas. El incremento en los obstáculos en la realización del trabajo de las y los defensores ha sido denunciado públicamente en días pasado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México, a través de la actualización del Informe sobre la Situación de las y los Defensores en México y muestra la ineficacia del Estado en la implementación de medidas de protección a las y los defensores de derechos humanos.