El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) recién presentó su Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, que vuelve a llamar la atención sobre la grave desigualdad estructural en América Latina (AL) que la pandemia profundizó y que nos obliga a asumir una distancia crítica ante los indicadores macroeconómicos y a preguntarnos sobre su reflejo efectivo en las mayorías vulnerables de la zona y de este país.
Si bien los indicadores macroeconómicos sugieren que hemos entrado en una fase de recuperación pospandémica, en realidad, para las grandes mayorías en AL no habrá mucho que festejar mientras el diseño estructural de la región no incluya estrategias para contrarrestar la histórica desigualdad que la pandemia agudizó. Por ello vale la pena mencionar brevemente los otros dos factores que, asociados a la violencia, contribuyen a reproducir y perpetuar la desigualdad, según el informe. El primero es la alta concentración de poder económico y político que detentan unas pocas empresas y familias, pauta hegemónica que evita una mayor distribución y movilidad en los ingresos. El segundo es la tibieza de las políticas fiscales, que son benévolas con las grandes empresas, de manera que los que más tienen son también quienes menos impuestos pagan. De lo cual se deriva una disminución del gasto social, a pesar de que es bien sabida la relación directamente proporcional entre el gasto social y la velocidad e impacto de la disminución de la desigualdad, de acuerdo al coeficiente de Gini.
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