Ciudad de México, 11 de junio de 2021. A siete días del siniestro en la mina Micarán, ubicada en Múzquiz, en la zona carbonífera de Coahuila, se informó del rescate de los cuerpos de todos los mineros que quedaron atrapados: Mauricio Cortez, Humberto Rodríguez, Pedro Ramírez, Damián Ernesto Arias, Gonzalo Cruz Marín, Leopoldo Méndez Sánchez y Carlos Moreno Cervantes.
La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) y el Centro Prodh calificaron la tragedia de «evitable». Dijeron que por quince años han denunciado que, de mantenerse las condiciones que dieron lugar a la explosión en Pasta de Conchos, habría nuevas víctimas mortales, sin que las autoridades hayan tomado medidas efectivas de protección de la vida de los trabajadores en una región que vive y convive con la industria carbonífera.
«La muerte de los 65 mineros de Pasta de Conchos, la de los siete trabajadores de Múzquiz y la de decenas de personas más que desde 2006 han perdido la vida como consecuencia de estas inhumanas condiciones de trabajo no son hechos fortuitos ni inevitables, sino resultado de la omisión de las autoridades y la ilegalidad de empresarios carboníferos», advirtieron.
El pasado 4 de junio, una mina de arrastre ubicada en Múzquiz sufrió una inundación al parecer al vencerse una pared colindante con una mina vecina, abandonada e inundada. En la zona prevalecen condiciones de trabajo que se caracterizan por la omisión casi total de medidas y equipo de seguridad, así como la falta de registro de todos los trabajadores ante el IMSS, con lo cual en casos de accidentes, enfermedad o muerte, ellos y sus familias quedan en la desprotección.
A pesar de estas condiciones de trabajo, denunciaron las organizaciones, los empresarios del carbón han logrado mantener su operación, burlando la ley y sin que sus contratos se vean afectados, hasta el grado de que todo el carbón mineral mineral obtenido de esta manera es comprado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
«Fue por esta razón por la que el pasado octubre de 2020, en la carta con fotografías entregada al titular de la Comisión, advertimos de esta situación generalizada -con el ejemplo particular de la mina de Múzquiz- y ofrecimos reunirnos para aportar nuestro trabajo y encontrar maneras proteger la integridad de los mineros. Sin embargo, nunca obtuvimos respuesta», lamentaron. Aunque la empresa se deslindó de la compara de carbón de esta mina, la OFPC mostró el número de contrato para aclarar que el mineral sí es adquirido por la Comisión.
Las organizaciones, que acompañan a un numerosos grupo de familiares deudos de Pasta de Conchos en su litigio ante la CIDH, resaltaron que han documentado y denunciado que el modelo minero de “pocitos de carbón” y minitas de arrastre se basa en condiciones peligrosas, insalubres e inhumanas para los trabajadores y han ofrecido nuestra colaboración total para corregir estas graves deficiencias.
«Incluso, en el litigio que llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Pasta de Conchos, hemos hecho hincapié en la urgencia y prioridad de que se implementen medidas de no repetición y rescate, lo que lamentablemente han quedado fuera de los compromisos de la actual administración. Las familias peticionarias siguen viviendo y, en algunos casos, trabajando en el carbón, y les resulta prioritario garantizar que su comunidad no vuelva a sufrir más perdidas de este tipo». Ejemplificaron la gravedad de esta omisión con la familia del minero Pedro Ramírez, que antes de perderlo en la mina de Múzquiz ya había perdido a dos familiares en el siniestro de Pasta de Conchos y uno más en otras cuevas inundadas hace dos años.
Ante ello, las organizaciones pidieron que se tomen medidas de urgencia: La prohibición legal de las llamadas “minitas de arrastre” o “cuevas” y los pozos de carbón; el compromiso público de la CFE de no comprar carbón extraído de este tipo de minería y la revisión de todos los contratos asignados; la cancelación de titulos mineros de todas las áreas que ya han sido explotadas; la elaboración de un “Protocolo Nacional de Salvamento Minero” que establezca líneas de mando en los tres niveles de gobierno y que se aplique en todo el ámbito minero, por último, una investigación diligente y exhaustiva que alcance a los empresarios y concesionarios responsables de la muerte de los trabajadores por no cumplir con las leyes y normas a las que están obligados.
«Exigimos también que las familias de los trabajadores fallecidos en este siniestro reciban atención victimal con los más altos estándares, y que los trabajadores de este complejo minero sean liquidados con el salario real que percibían. Reiteramos nuestra solidaridad y condolencias a las siete familias que hoy están en duelo y llamamos a las autoridades a cumplir con todas las responsabilidades que les corresponden en esta materia», finalizaron.