Carente de transparencia, prueba de voto de personas privadas de libertad

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Ciudad de México, 31 de mayo de 2021. En la Prueba Piloto de Voto de Personas en Prisión Preventiva para elecciones de diputaciones federales, realizada los días 17, 18 y 19 de mayo en 5 Centros federales de readaptación social (Ceferesos del país), autoridades electorales y penitenciarias no permitieron la observación ciudadana del ejercicio ni garantizaron a esta población acceso pleno a la información, denunciaron Artículo 19, Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, Colectivo Artículo 20, Documenta y el Instituto de Justicia Procesal Penal.

El voto se llevó a cabo a través de la modalidad de voto postal en los centros federales número 11 Varonil en Sonora, 12 CPS Varonil en Guanajuato, 15 CPS Varonil en Chiapas, 16 CPS Femenil en Morelos y 17 CPS Varonil en Michoacán. De acuerdo con información de la la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la jornada anticipada concluyó los días 17 y 18 de mayo en cuatro de los cinco centros, mientras que en el caso de Sonora la participación se extendió al 19 de mayo, y no se reportaron incidentes.

De los cinco estados contemplados en la prueba, Guanajuato, Chihuahua y Sonora fueron los que contaron con mayor número de personas dentro de la Lista Nominal de Electores de Personas que se encuentran en Prisión Preventiva (LNEPP), integrada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Así, se reportó que, de un total inicial de 2 mil 699 personas registradas en la base de datos que se entregó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 2 mil 200 personas privadas de la libertad presentaron su intención de votar, pero, tras un análisis del INE, se determinó que sólo 949 de ellas cumplían con los requisitos para participar en la prueba.

Finalmente, los días de la jornada participaron un total de 766 personas: 142 mujeres y 624 hombres, que representaron en conjunto un 80.7% de participación de la lista nominal final.

“Nos resulta sumamente relevante el nivel de participación en prisión preventiva. Si lo comparamos con el nivel de participación de la votación en 2018 a nivel nacional, que es del 62%; y el nivel más alto de participación de la historia del país en el año 1994, que es de 77 %, podemos ver que es muy alto el nivel de participación en prisión”, sostuvo Valentina Lloret,Coordinadora de políticas públicas e incidencia de de CEA Justicia Social en conferencia este 24 de mayo.

Pese a realizar gestiones y solicitudes formales y llamamientos públicos, las organizaciones y personas defensoras que conforman el Observatorio de elecciones y derechos políticos en prisión, Libres para Elegir, no fueron autorizadas para participar como observadoras y observadores en la jornada de voto anticipado, pues esto no estuvo contemplado en el modelo, “lo que supone un aspecto a modificar para futuros ejercicios de voto en prisión, con el fin de garantizar verdadera transparencia y participación ciudadana”, advirtieron.

“Aunque la CNDH realizó visitas de verificación a los Ceferesos durante el primer día de la jornada y reconocemos su papel fundamental, desde Libres para Elegir consideramos que su participación exclusiva no es suficiente para garantizar la transparencia, legitimidad, certeza y mejora del modelo de voto en prisión de cara a los ejercicios electorales de 2024 en las que podrán participar cerca de 90 mil personas en prisión preventiva de todos los centros penitenciarios del país. A este respecto, Sofía González Talamantes, coordinadora del programa de Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta reiteró el llamado al INE y sistema penitenciario federal a preparar mecanismos de votación que sí contemplen la observación electoral externa”, informaron.

En un ejercicio de análisis realizado por Artículo 19 México, en el que se analizaron los insumos electorales entregados a personas en prisión (boleta electoral, sobre que contenía la boleta, instructivo de votación e información de los partidos), se concluyó que un obstáculo para el ejercicio pleno del derecho al voto durante la jornada en prisión preventiva fue la falta de información oportuna, accesible y suficiente. 

A la hora de la votación, algunas de las personas en prisión preventiva presentaron confusión o dificultad de comprender a cabalidad la información entregada, lo que refleja una innegable necesidad de generar materiales accesibles. 

Reconociendo las deficiencias de este primer ejercicio, las organizaciones integrantes de Libres para Elegir plantearon la elaboración de mesas de trabajo entre organizaciones civiles, familiares de personas en prisión preventiva y autoridades electorales y penitenciarias para determinar herramientas de observación, transparencia y rendición de cuentas, además de mecanismos para un acceso a la información suficiente y de calidad que fortalezcan los próximos ejercicio electorales dentro de estos espacios.