Ciudad de México, 27 de mayo de 2021. Cuatro granjas porcícolas, ubicadas en los municipios de Maxcanú, Kinchil, Opichén y Mérida, Yucatán, fueron clausuradas por no contar con las autorizaciones en materia de impacto ambiental, por las afectaciones a la biodiversidad, por no presentar los resultados de sus descargas de aguas residuales, y una inadecuada gestión y manejo de sus residuos peligrosos.
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Greenpeace México, Misioneros A.C.-Guardianes de las Semillas y Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica informaron que en noviembre de 2020, integrantes de 21 comunidades mayas de la Península de Yucatán presentaron una denuncia popular de carácter regional ante las afectaciones ambientales, así como por las violaciones a sus derechos humanos como pueblos indígenas.
Ayer, la Profepa dio a conocer a través de su cuenta de twitter que a partir de dicha denuncia, se realizaron visitas de inspección que derivaron en cuatro clausuras.
En el informe elaborado por Greenpeace, La Carne que está consumiendo al planeta, se menciona que únicamente cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental 22 de las 257 granjas identificadas en la Península de Yucatán. En el mismo informe se menciona que 122 de estas granjas se encuentran en regiones de atención a la biodiversidad.
Los integrantes del pueblo maya y las organizaciones que presentaron la denuncia consideran que las clausuras realizadas por la Profepa son importantes, ya que son el primer paso para frenar las afectaciones ambientales ocasionadas por la industria porcícola.
«Es importante también que se reconozca el derecho a la libre determinación del pueblo maya, dado que entre las violaciones a sus derechos, están la falta de acceso a la información, el derecho a la consulta y al consentimiento, los cuales son fundamentales para garantizar el derecho a la libre determinación», agregaron las y los denunciantes.
El pasado 19 de mayo, la SCJN resolvió mantener la suspensión de una megagranja porcícola en la zona de los cenotes de Homún. Las operaciones de la megafactoría están detenidas desde el 9 de octubre de 2018 debido a la suspensión otorgada por la jueza Miriam de Jesús Cámara Patrón a partir del amparo promovido por seis niñas y niños de Homún, pueblo maya ubicado en la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes. El recurso interpuesto cuestiona la decisión de las autoridades mexicanas de permitir la operación industrial de 49 mil cerdos en un área ecológicamente sensible cerca de Homún a pesar de los riesgos para la calidad del aire, el agua y la salud humana, lo cual viola el derecho de las niñas y los niños mayas a un medio ambiente sano, así como la autonomía como pueblo indígena.