Ciudad de México, 24 de marzo de 2021. Al presentar su informe anual sobre libertad de expresión en México, acceso a la información y respeto de derechos humanos, ARTICLE 19 reveló que, a dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, persisten dinámicas de estigmatización de la prensa, censura, violación de los derechos humanos y el debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder.
Bajo el nombre de Distorsión: el discurso contra la realidad, el reporte sostiene que en el 2020 se mantiene la desinformación desde el gobierno, existe un intento de control y censura de Internet y la violencia contra la prensa se mantiene al alza con 692 ataques contra la prensa, una cifra inédita.
Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, consideró que durante el año pasado el sello de este gobierno fue utilizar la distorsión como mecanismo para alterar la percepción de las realidades al deformarlas mediante el discurso.
Aunque reconoció que es imposible cambiar en dos años un país cuyo deterioro de la vida pública data de hace 50 años, Maldonado alertó que se siguen sosteniendo “viejos anclajes autoritarios en materia de libertad de expresión”.
El permiso para agredir a la prensa
El informe establece que el ambiente de violencia contra la prensa se mantiene en ascenso, como ha sido en los últimos 13 años, y que colocan el 2020 como el periodo más violento contra la prensa desde que se tiene registro.
De enero a diciembre, se contabilizaron 692 agresiones contra medios de comunicación posiblemente vinculados con su labor, lo que representa un 13.6% más que en 2019. Una agresión contra la prensa cada 13 horas.
En poco más de dos años de la presente administración, 17 periodistas han sido asesinados por motivos posiblemente vinculados a su labor. Tan solo en 2020, se registró el asesinato de seis periodistas.
El año pasado, las entidades que más sufrieron estos ataques fueron Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. En conjunto, sobrepasan 47% del total nacional de las agresiones.
El reporte sostiene que muchas de las agresiones vienen desde el mismo aparato estatal y se multiplican por la estigmatización de la prensa que se propaga desde el poder. Considera que esta situación alienta a autoridades locales a ejercer el mismo tipo de discurso contra los medios, y se envía un mensaje permisivo hacia particulares y otros poderes fácticos que encuentran en las narrativas estigmatizantes “un impulso para amenazar, agredir y asesinar periodistas sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado”.
La vocación por censurar internet
El informe anual de la organización refiere que existe una vocación autoritaria para sobrerregular diversos aspectos de internet a fin de “menguar su potencial democratizador y evitar que la narrativa y del desempeño oficiales se sujeten a escrutinio y crítica sociales”.
Expone que, de manera paralela, desfilaron una serie de iniciativas legislativas mal hechas, las cuales brillan por sus deficiencias técnicas y por el impacto corrosivo que pueden llegar a tener en el acceso y uso de internet, así como sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito digital.
Respecto a la publicidad oficial, ARTICLE 19 reveló que se mantiene la ausencia de criterios claros para la asignación de sus recursos, así como una concentración publicitaria en pocos medios: “el 54% del total ejercido se repartió en diez empresas de comunicación, mientras que otros 387 apenas alcanzaron el 46%”, señala el estudio.
La organización lamentó también la pretensión del gobierno de concentrar y clausurar la información con el amago de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que constituye un contrapeso frente a la opacidad que caracteriza el actual gobierno. El presidente justificó esta decisión señalando lo oneroso del INAI, aunque México Evalúa dio a conocer que sólo representa un centavo de cada cien pesos del presupuesto público.
Otro factor que ARTICLE 19 expuso es la negación pública de la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos como tortura, desapariciones y masacres, lo que impacta en la garantía plena del derecho a la información que asiste a las víctimas y a la sociedad.
Agenda mínima 3.0
Por último, Leopoldo Maldonado dio a conocer que se propone una agenda mínima de 36 acciones en materia de libertad de expresión e información, entre las cuales destacan: Regular el uso de la publicidad oficial con base en estándares internacionales, eliminar las restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión, desarrollar una política integral de prevención de la violencia contra la libertad de expresión, asegurar la protección de las y los periodistas ante la pandemia de COVID-19, combatir la impunidad de las agresiones contra la prensa y garantizar el derecho a la verdad, abstenerse de utilizar las redes sociales para estigmatizar a periodistas, activistas y cualquier persona de la sociedad civil; abstenerse de promulgar legislaciones restrictivas de los derechos digitales; equilibrar la protección de los datos personales, la privacidad y el derecho al honor con el ejercicio de la libertad de expresión e información en internet; promover y garantizar el derecho de acceso a internet sin discriminación y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión para las mujeres en el entorno físico y digital.