Deploran cierre de fronteras a personas migrantes

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Ciudad de México, 23 de marzo de 2021Decenas de organizaciones de derechos humanos rechazaron las medidas de restricción de tránsito para actividades no esenciales en las fronteras terrestres de México dadas a conocer el 18 de marzo del año en curso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como el despliegue de operativos de contención migratoria en la frontera sur del país anunciados en el boletín (144/2021) publicado el día 19 de marzo por el Instituto Nacional de Migración (INM).

De acuerdo con las organizaciones, estas medidas tienen como objetivo detener el desplazamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes y con necesidades de protección internacional.

“Rechazamos que la respuesta del Estado mexicano a los desplazamientos de personas, familias y NNA con necesidades de protección internacional sea negar el derecho a solicitar refugio, a pesar de que dichos desplazamientos eran previsibles en virtud de la persistente violencia e inseguridad, la profundización de la crisis económica derivada del impacto de la COVID-19, así como los desastres ocasionados por los huracanes Eta e Iota en la región norte de Centroamérica”, explicaron.

Las organizaciones recordaron que laminación en México y Centroamérica es consecuencia de diversas violencias estructurales, como la violencia política, violencia económica, corrupción, pobreza, desigualdad, violencia de género, violencia cometida por pandillas y grupos de delincuencia organizada, y los impactos de distintos fenómenos naturales.

En sus actividades de monitoreo, las y los defensores han documentado falta de protocolos, coordinación interinstitucional, capacidades e infraestructura para dar una respuesta efectiva que asegure la protección y el interés superior de los NNA migrantes no acompañados y acompañados de sus familias. También han constatado en algunos casos la detención prolongada y separación de familias, entre otras violaciones a sus derechos humanos.

A pesar de las señales positivas del gobierno de Biden, explicaron, todavía no se conocen los detalles específicos y hasta qué punto el gobierno llevará a cabo consultas reales con las organizaciones de la sociedad civil en la región. Además, insistieron, en la práctica el enfoque de Honduras, El Salvador, Guatemala y México hacia el desplazamiento forzado continúa siendo de seguridad nacional, no se están creando rutas para el acceso efectivo a la protección internacional ni opciones y vías para la migración regular. “Esta visión se ve reflejada en los llamamientos públicos realizados por los gobiernos de la región para intentar evitar la salida de las personas de sus países de origen mediante amenazas de deportación y otras sanciones, incluso penales”, abundaron.

“Es preocupante que sigan vigentes las restricciones por salud pública en la frontera terrestre Estados Unidos-México bajo la orden del Título 42 dictada por el Centro de Control de las Enfermedades, que niegan la posibilidad de buscar protección en EEUU, y que el gobierno mexicano replique esas restricciones con la instauración de medidas que obstaculizan el acceso al territorio por vía terrestre en su frontera sur. Impedir el ingreso de las personas que buscan protección internacional constituye una violación a instrumentos internacionales de derechos humanos, considerando que existen medidas sanitarios que podrían ponerse en práctica”, agregaron.

Destacaron que las medidas dirigidas a restringir el ingreso terrestre no están respaldadas por ningún dictamen de la Secretaría de Salud y los estados de la frontera sur se encuentran en semáforo verde, el más bajo de acuerdo al riesgo epidemiológico, por lo que no hay justificación en términos de salud pública. Sin embargo, estos estados son el punto de entrada de personas trabajadoras, migrantes y solicitantes de protección internacional que en su mayoría provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Esto evidencia el carácter discriminatorio y desproporcionado de dichas medidas, considerando que el mayor volumen de ingreso de personas al país se da vía aérea (según cifras oficiales, en enero de 2021 entraron por los aeropuertos internacionales de Ciudad de México y Cancún 559,386 personas), en comparación con el ingreso por vía terrestre donde se registraron apenas, 122,409 entradas por los cuatro estados de la frontera”, lamentaron.

Las organizaciones exigieron al gobierno mexicano garantizar el derecho a migrar y solicitar asilo en todos los puntos de ingreso al país, reconocer las causas estructurales del desplazamiento de las personas en la región y responder de manera efectiva y diferenciada a las necesidades de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional; eliminar toda medida de contención migratoria que afecte de manera directa el tránsito de trabajadores y jornaleros, así como las rutas comerciales, pues constituyen actividades que sostienen la economía de la frontera sur; crear los reglamentos, protocolos, manuales de operación y recursos humanos y materiales adecuados y suficientes para la implementación efectiva de la Ley de Migración vigente que prohíbe la detención de los NNA y sus familias; y modificar las narrativas, comunicaciones y acciones institucionales que estigmatizan y criminalizan a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.

De la misma manera, exigieron al gobierno de Estados Unidos implementar las medidas correspondientes y establecer un calendario preciso con el objetivo de restaurar el derecho de acceder al asilo en coordinación con organizaciones de ambos lados de la frontera; avanzar en el desarrollo de una estrategia regional para atender a las causas de la migración y acceso a la protección internacional; avanzar en la implementación, con un calendario preciso, del programa para dar protección a menores centroamericanos que tienen familiares en Estados Unidos (CAM), priorizar el acceso a la protección internacional en la región en vez de animar a otros países a detectar, detener, rechazar y deportar a personas extranjeras; y hacer una nueva designación del estatus de protección temporal (TPS) para las personas nacionales de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Haití, en reconocimiento al impacto de los huracanes Eta e Iota y de las condiciones políticas en sus respectivos países.

*Con información de Chiapas Paralelo