Ciudad de México, 12 de febrero de 2021. Tras realizar una Misión Virtual de seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, la OMCT y la Red TDT, con el apoyo de multiplicidad de organizaciones, consideraron que la impunidad y la falta de reconocimiento de las víctimas de la tortura persiste en México y no retrocede.
La Misión encontró que “en la práctica, sigue habiendo una falta de voluntad y de recursos, que se muestra, de forma particular, en la actitud y prácticas, lentas y obstructivas, de la mayor parte de las instituciones implicadas en la seguridad pública, la procuración y administración de justicia, de terminar con esta práctica”.
Por ello, recomendaron que las organizaciones puedan consultar el borrador definitivo del Programa Nacional de Prevención y Sanción de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que se espera que constituya un pilar para tener una política pública que coordine instancias y prácticas alrededor de la prevención, investigación, sanción y reparación de este tipo de hechos. También llamaron a su pronta publicación e implementación.
Además, las organizaciones advirtieron que los problemas en materia de detección, documentación, investigación y sanción de la tortura son múltiples y abarcan una multiplicidad de actores. Destacaron la ausencia de independencia, imparcialidad y rigor de la gran mayoría de peritos oficiales, quienes siguen desacreditando o minimizando y, por lo tanto, encubriendo, actos de tortura y otros malos tratos.
«La delegación internacional está gravemente preocupada por la situación de las personas privadas de libertad, particularmente crítica en el contexto de la pandemia de la Covid-19. Medidas como la Ley de Amnistía, que fueron aprobadas para reducir la superpoblación y proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, así como figuras de sustitución de la pena o preliberación, previstas en la ley vigente, no se han traducido en una reducción de la población penitenciaria. De hecho, la población carcelaria tuvo un aumento significativo, más de 14’000 personas, en 2020, debido al uso abusivo de la prisión preventiva. También preocupa la falta de información pública brindada por las autoridades penitenciarias sobre el número contagios y muertes a causa de la Covid-19, los protocolos y medidas de higiene, prevención y atención adoptadas»; lamentaron.
Además, preocupa profundamente que las necesidades básicas de las personas migrantes y solicitantes de asilo son desatendidas de forma sistemática, situación que se ha agudizado con la pandemia.
La delegación también constató violaciones recurrentes de los derechos humanos de las personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, quienes viven en condiciones que atentan contra su dignidad y ponen en grave peligro su vida e integridad personal, con un impacto diferenciado en las mujeres y los niños y niñas. Denunciaron que la tortura y otros malos tratos también están presentes el marco de las acciones de protesta social y consideraron intolerable que se estigmatice y criminalice a las víctimas de tortura, exacerbando su situación de vulnerabilidad y desprotección.
«Hacemos un llamado a investigar y sancionar estas prácticas, a que se adopten protocolos de atención que no las revictimicen y que faciliten los trámites burocráticos, incluyendo la inscripción al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), y a que aumenten los recursos dirigidos a las necesidades de apoyo, rehabilitación y reparación de las víctimas», finalizaron.