Ciudad de México, 04 de febrero de 2021. La Secretaría de Gobernación (Segob) debe precisar la información sobre las solicitudes de amnistía, ya que la ofrecida recientemente es imprecisa y no concuerda con la ofrecida anteriormente por la misma dependencia, exigieron organizaciones de la sociedad civil.
Luego de casi 10 meses de la expedición de la Ley de Amnistía, este jueves la Segob dio a conocer algunas cifras relacionadas con el número de solicitudes presentadas por parte de personas privadas de la libertad.
El Observatorio de Amnistías resaltó que no se reportó la liberación de ninguna persona, aun cuando éste es el objetivo principal de la Comisión de Amnistía. Además, la Segob anteriormente había reportado recibir un total de 2 487 solicitudes de amnistía, mientras que esta vez aseguró que tan solo ha recibido 1 115, de las cuales: 175 son improcedentes por los delitos de los que se tratan y 769 no cuentan con la información completa sobre los casos para dictaminar. La Secretaría Técnica omitió explicar cuál es el estatus de las 171 solicitudes restantes.
Las organizaciones llamaron a detallar el número real y la naturaleza de las solicitudes, así como su estatus, desglosadas por fechas de presentación, delitos de los que se tratan, fuero al que pertenecen, identidad sexogenérica, lugar de origen de las y los peticionarios; así como por las categorías de vulnerabilidad que la propia ley establece; priorizando, en todo momento, la protección de datos.
«El proceso de solicitudes y dictaminación de amnistías se ha caracterizado por ser opaco, discrecional y poco claro, por lo que exigimos proveer a las personas y organizaciones solicitantes de información oportuna, consistente, periódica y precisa, que permita mejorar los mecanismos de promoción y garantía de derechos de las personas privadas de la libertad», pidieron.
Las defensoras advirtieron que la titular de la Unidad también sugirió que una de las principales razones por las que la Comisión no ha resuelto los cientos de casos recibidos es porque los expedientes de las y los solicitantes están incompletos, lo que «apunta a responsabilizar a la propia ciudadanía por la inacción de la Comisión, imponiendo a las personas privadas de la libertad y sus familiares la responsabilidad de hacer llegar documentación, siendo que es la propia Comisión la que cuenta con la obligación de solicitar dicha documentación de forma directa a juzgadores y fiscalías».
Dado que el plazo para dictaminar la procedencia de aquellas solicitudes interpuestas antes del 19 de septiembre de 2020 ha vencido, las organizaciones exigieron que se resuelvan las solicitudes y se explique las razones por las que este proceso se ha dilatado.
«Por último, las organizaciones integrantes del Observatorio de Amnistías urgimos a la Comisión de Amnistía a sesionar lo antes posible para resolver los casos pendientes de dictaminación, así como a establecer y transparentar una ruta de trabajo para resolver la información faltante y cumplir con lo establecido en la Ley de Amnistía», finalizaron.