Ciudad de México, 11 de enero de 2021. Representantes de pueblos maseuales y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) advirtieron que el proyecto de sentencia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynez Potisek a la solicitud de amparo de la comunidad maseual contra la Ley Minera significaría “continuar con un paradigma de violación a sus derechos humanos, territorios y diversidad cultural”.
La Suprema Corte analizará esta semana el proyecto de sentencia, en el que el ministro propone negar el amparo a comunidades indígenas de Puebla que reclamaban la inconstitucionalidad de la Ley Minera por no incluir un mecanismo de consulta entre los pueblos originarios como requisito para otorgar concesiones de explotación en terrenos de su propiedad.
El amparo en revisión 928/2019, promovido por los pueblos maseuales de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso, buscaba impugnar las concesiones pero también la expedición de la Ley Minera, por no contener en su texto ninguna previsión para la consulta indígena.
En mayo pasado, el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek fue hecho público y recibió varias críticas, incluso por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ese proyecto afirmaba que la Ley Minera no se vincula de ninguna manera a los derechos indígenas y, por tanto, no los afecta. El proyecto fue retirado, revisado y nuevamente listado para su votación el próximo miércoles. Sin embargo, el nuevo proyecto insiste en que la norma impugnada no tiene porqué contener previsiones para la consulta indígena, pues su objeto principal es regular una materia de aplicación general y no específica de los pueblos originarios.
Ante ello, Xavier Martínez Esponda, abogado y director operativo del Cemda, explicó que si bien uno de los aspectos cuestionables es la consulta a los pueblos originarios, lo realmente trascendental en el análisis de la tesis es que la decisión sentaría un precedente para otras comunidades del país “que están en pie de lucha” y no sólo al pueblo maseual que habita los municipios poblanos de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonáhuac. Ahora el máximo tribunal del país tiene la “oportunidad histórica” de poner fin a un “modelo sistemático que violenta los derechos humanos de personas y pueblos”, señaló Martínez Esponda.
En el caso del pueblo maseual, explicó, se hicieron peritajes que refieren que “la minería lastima a los pueblos donde ésta se asienta”. Uno de ellos destaca que esta actividad puede producir “hasta 88 impactos negativos al ambiente”. Por ello, la legislación “tiene que ser modificada. La minería de ninguna manera puede tener trascendencia sobre los derechos humanos de las personas y pueblos”, puntualizó.
En este sentido, Nazario Diego Téllez, representante del Consejo Maseual Altepetajpianij, también destacó la “gran relevancia” del análisis del caso, porque esto que “estamos padeciendo” en las comunidades de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla “también lo padecen otros pueblos en México y otros hermanos latinos. Por eso creo que estamos haciendo una lucha muy importante”.
Confió en que el proyecto de sentencia sea revisado, valorado “y no sea votado como ellos lo están considerando”. De lo contrario, “nosotros estamos dispuestos a seguir adelante hasta las últimas consecuencias, podemos llegar a la Corte Interamericana. Esta lucha comenzó y vamos a darle ganas”.
A decir del abogado Martínez Esponda, la discusión del próximo miércoles será de “absoluta trascendencia”, la Corte tiene la oportunidad de dar “un paso al frente para proteger los derechos al territorio, al agua y a la autonomía”. Es un tema que “los pueblos vienen peleando desde hace mucho y la transformación de la Ley Minera es impostergable. O es hoy o será mañana, pero esa ley tiene que cambiar”, subrayó.
*Con información de La Jornada