La edición de hoy, slider, Temas relevantes de DH, Uncategorized — diciembre 15, 2020 at 8:00 am

Lydia Cacho y ARTICLE 19 exigen independencia ante próxima revisión de órdenes de aprehensión

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Ciudad de México, 15 de diciembre
 de 2020. El 4 de diciembre pasado, se giraron nuevas órdenes de aprehensión contra Mario Marín Torres, Kamel Nacif Borge y Adolfo Karam Beltrán, que serán sujetas a un nuevo análisis por parte del Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito.

“Las nuevas órdenes de captura fueron dictadas en cumplimiento de ciertos lineamientos establecidos en los amparos a favor de los imputados, por lo que la nueva revisión debe confirmar que la resolución dictada por María Elena Suárez Préstamo, Magistrada del Primer Tribunal Unitario en Quintana Roo, es apegada a derecho”, explicó la organización.

Las y los defensores consideraron que la resolución de la magistrada  constituye un precedente de especial relevancia en el marco de protección de los derechos humanos y en la garantía del derecho a la verdad.

“Existen preocupaciones sobre la imparcialdad en este proceso puesto que fuentes al interior del Poder Judicial de la Federación-cuya identidad se reserva para su protección- confirmaron a ARTICLE 19 que tanto ex integrantes como funcionarios judiciales están presionando a las y los Magistrados, tratando de incidir en las decisiones a favor de los autores intelectuales y del instigador de la tortura”, advirtieron.

De esta manera, para Lydia Cacho y ARTICLE 19 resulta de primera importancia que se mantenga la vigilancia del caso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes.

“Por lo anterior, ARTICLE 19 y Lydia Cacho exigen que el Poder Judicial de la Federación actúe con imparcialidad, independencia y objetividad garantizando el acceso pleno y efectivo a la justicia, verdad y reparación del daño a Lydia Cacho, a 15 años de sucedidos los hechos de tortura. La actuación de la magistrada Suárez Préstamo evidencia que es posible alcanzar justicia para las víctimas de violaciones graves a derechos humanos en este país, a pesar de las condiciones políticas sumamente adversas para ello”, explicaron.

También exigieron al Consejo de la Judicatura Federal que mantenga una vigilancia estricta del actuar judicial en el Vigésimo Séptimo Circuito (Quintana Roo) a fin de evitar que el poder corruptor y amedrentador de los imputados incidan de manera irregular en el ánimo de juzgadoras y juzgadores al momento de dictar próximas resoluciones.