Ciudad de México, 10 de diciembre de 2020. Existen elementos de preocupación en la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a partir de la llegada de su presidenta actual, reflejados en las labores sustantivas de la comisión, su estructura, informes, recomendaciones, comunicados de prensa y acciones de inconstitucionalidad, advierte el informe La Comisión Nacional de los Derechos Humanos: una mirada desde las universidades jesuitas, presentado este miércoles por representantes de los programas de derechos humanos de las casas de estudios pertenecientes al Sistema Universitario Jesuita (SUJ).
El documento es un análisis cuantitativo y cualitativo de los últimos tres años (2018-2020) de este organismo fundamental para la vigencia, la protección y el ejercicio de los derechos en el país.
De acuerdo con las y los especialistas, preocupan las carencias en la infraestructura humana de la CNDH, la reducción de informes especiales y recomendaciones, así como la falta de supervisión por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), entre otras de sus labores sustanciales.
María de Lourdes Contró Monroy, académica de la Universidad Iberoamericana (IBERO) León, explicó la estructura de la CNDH y explicó que el análisis de los perfiles de quienes encabezan algunas de las áreas sustantivas de la estructura organizacional es importante, “ya que nos da parámetros para saber si se tienen las condiciones adecuadas ante las necesidades que se plantean”, señaló.
Destacó que seis de los diez consejeros renunciaron por no estar de acuerdo con el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH, a partir del 16 de noviembre del 2019, tras un controvertido proceso de elección criticado por la falta de transparencia. La académica también mencionó el problema que significa que aún no se hubieran nombrado visitadores generales en ninguna de las seis visitadurías, pues solo hay directores como encargados de despacho, lo que implica un desempeño cuestionable.
Felipe Sánchez Nájera, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la IBERO Ciudad de México-Tijuana, abordó el presupuesto de la CNDH.
Entre las conclusiones presentadas en el análisis de este apartado se menciona que no es posible saber si el presupuesto asignado es suficiente para cubrir las necesidades del organismo o es excesivo por la forma de desagregar la información, y que para conocer la necesidad de aumentar o disminuir el presupuesto es necesario cotejar la información presupuestaria disponible con información de tipo cualitativo sobre cómo se utilizan los recursos y si estos son suficientes para que el personal realice de manera eficiente sus labores.
Por su parte, Rosario Arrambide, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ de la IBERO Puebla, abordó la gestión de los informes especiales. Detalló que en 2018 la CNDH emitió cinco informes, de los cuales solo cuatro cumplen con los elementos necesarios para sustentar la elaboración de informes especiales; el año siguiente se emitieron 14 informes, de los cuales solo 11 están vinculados con casos o situaciones de importancia o gravedad. En contraste, en 2020 solo se emitieron dos informes en materia del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y en relación con las medidas adoptadas en los centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria por la COVID-19, lo que refleja una disminución importante en la labor de supervisión por parte de la CNDH, y a su vez resulta preocupante en un año marcado por un contexto de pandemia.
En cuanto al análisis del MNPT, se observó que en 2018 se realizaron 11 informes de supervisión y diez de seguimiento; durante 2019 se hicieron tres informes de supervisión, uno de seguimiento y dos de temática especial. En 2020 no se emitió ningún informe.
Daniela Martínez, integrante del Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz de la IBERO Torreón, habló sobre las acciones de inconstitucionalidad. De 2006 a 2015 se promovieron 15 acciones, de 2009 a 2014 fueron 24, de 2014 a 2019 fueron 220, y en 2020 sumaron 100 hasta el 17 de noviembre. Las acciones de inconstitucionalidad más relevantes de 2018 a 2020 fueron las referentes al matrimonio entre personas del mismo sexo, la protección de la vida desde la concepción, la objeción de conciencia en temas de derechos sexuales y reproductivos, y la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.
Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario para la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, del ITESO, habló sobre las recomendaciones y los comunicados de prensa. En cuanto a las recomendaciones relacionadas con casos, Nuño comentó que en 2018 se emitieron 91, en 2019 fueron 99, y en lo que va de 2020, 53; esta reducción significaría, dijo, que la Comisión se está inhibiendo de pronunciarse, aunque las quejas no han disminuido y continúa el contexto de violaciones a los derechos humanos en México. Los principales temas fueron similares en 2018 y 2019: salud, seguridad y violencia, mientras que en 2020 fueron: salud (incluyendo al ISSSTE), impunidad y personas privadas de libertad.
Añadió que las recomendaciones por graves violaciones de derechos humanos fueron ocho en 2018; 14 en 2019, y ocho en 2020, lo cual quiere decir que se mantiene la tendencia que la CNDH tenía en 2018. En cambio, las recomendaciones generales, que abarcan a autoridades de los tres niveles de gobierno y los poderes públicos, han tenido un decremento. Pasaron de tres en 2018, a siete en 2019 y a dos en 2020.
Hubo además un cambio sustancial en la estrategia de comunicación entre las presidencias de Luis Raúl González Pérez y Rosario Piedra Ibarra. Se desvaneció la postura crítica hacia el Gobierno Federal; han aumentado los comunicados y pronunciamientos de justificación y/o defensa de la propia CNDH por asuntos polémicos que la involucran, y se incrementaron los comunicados autorreferenciales.
Nájera cerró la presentación con las propuestas que desde las universidades jesuitas se le hacen tanto a la CNDH como al Senado de la República.
A la CNDH se le propone fortalecer su estructura para que esté en mejores condiciones acatar con responsabilidad y eficacia su mandato constitucional en la observación y protección de los derechos humanos; hacer un proceso de balance y evaluación al interior, tanto cualitativa y cuantitativamente para que los visitadores generales cumplan con el perfil deseado; llevar a cabo formalmente el nombramiento de cada uno de los visitadores generales, lo que posibilitará la observancia y defensa adecuada de los derechos humanos; transparentar de mejor manera su presupuesto, y mantener una vigilancia activa y continua de la situación de los derechos humanos en el país a través de informes especiales y las facultades que a nivel internacional y nacional se han delegado al Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura.
Por su parte, al Senado de la República se le propone garantizar que los procesos de elección y designación del titular de la CNDH acaten los mecanismos de participación ciudadana y parlamento abierto, que se implemente a la brevedad el proceso de designación de Consejeras y Consejeros de la CNDH, y la elaboración de un diagnóstico con participación ciudadana para detectar áreas de mejora y oportunidad, para que la labor de este organismo nacional responda a las necesidades reales sentidas por la población.
* El informe completo se puede consultar en www.iteso.mx/informe-cndh, el video de la presentación se puede ver en https://bit.ly/36YKeiG.
*Con información de Ibero Puebla.