Ciudad de México, 22 de octubre de 2020. Organizaciones de derechos humanos señalaron que la decisión impulsada desde el Poder Ejecutivo y aprobada por las Cámaras de Diputados y de Senadores de eliminar los recursos y extinguir el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, de manera masiva y absoluta resulta preocupante y desproporcionada y significa un retroceso en la protección a víctimas, periodistas y personas defensoras.
Ayer fue aprobado en el Senado el dictamen que contiene la eliminación de 109 fideicomisos públicos, incluyendo la eliminación de los recursos del Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral (FAARI) a Víctimas y del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Previo a la aprobación, diversos sectores afectados protestaron y solicitaron ser escuchados y tomados en cuenta, lo que no sucedió. La discusión del dictamen fue convocada en una sede alterna al Senado de la República y rodeada por la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar que las protestas encabezadas por víctimas del delito y de violaciones graves a derechos humanos impidiera el desarrollo de la sesión.
Las organizaciones reivindicaron que el actual fideicomiso Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha demostrado ser un instrumento útil para contribuir a la rápida implementación de las medidas de protección en casos de extrema urgencia en todo el país. Lamentaron que con su eliminación, el Estado elimina la operatividad del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y una política integral de protección a las víctimas de la violencia y abre la posibilidad al uso discrecional de recursos.
«El decreto aprobado carece de claridades sobre dónde estarán y cómo se van a ejercer los recursos obtenidos de la extinción de los fideicomisos, una vez que se reintegren a la Tesorería de la Federación y no señala de manera específica qué marcos normativos tienen que modificarse o reformarse, qué nuevos mecanismos financieros se van a aplicar o en qué términos, para asegurar recursos a los beneficiarios de los fideicomisos que se van a desaparecer», lamentaron.
Las y los defensores señalaron también que el proceso de aprobación no cumplió con los principios de Parlamento Abierto ni fue transparente.
Por otro lado, en el caso de los recursos del FAARI contemplados en el artículo 132 de la Ley General de Víctimas, que es considerada una de las principales conquistas sociales por parte de las víctimas de violaciones graves a derechos humanos y delitos en este país, consideraron que implica un retroceso grave en las garantías de acceso a la justicia, verdad, memoria y reparación integral.
«La eliminación de los recursos aportados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, con ello, la derogación de este Fondo implican la desaparición del recurso económico destinado exclusivamente para las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, que incluyen rehabilitación, restauración, satisfacción y compensación, todo ello para reparar los daños; por ejemplo, medidas de ayuda para alimentación, vivienda, transporte, gastos funerarios, gastos médicos de diversa índole; medidas de asistencia para apoyos educativos, de desarrollo y de restauración del proyecto de vida de niños, niñas, adolescentes y familias, entre otros», explicaron.
Señalaron que cualquier reforma al mismo debería realizarse con la efectiva participación de las víctimas, evitando cualquier riesgo de desprotección a las mismas y partiendo del diagnóstico sobre los problemas que existan actualmente en relación con la garantía de los derechos de las víctimas y la forma de abordarlos.
Los colectivos de víctimas así como organizaciones que las acompañan siguen siendo testigas de un fenómeno de revictimización de las personas beneficiarias por parte de las instituciones responsables de la atención a víctimas. En ausencia de medidas de apoyo y protección adecuadas, las y los familiares, por ejemplo, de personas desaparecidas, se enfrentan en su mayoría a dificultades en el goce efectivo de sus derechos económicos, sociales y culturales, pero también en la protección de su integridad física.
En ese sentido, las organizaciones solicitaron al presidente que ejerza su derecho de veto para oponerse a la aprobación del dictamen y que realice un diagnóstico serio y propuestas que permitan mejorar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que garanticen un mejor manejo de recursos sin poner en riesgo la vida y seguridad de víctimas, personas defensoras y periodistas.
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le pidieron que brinde información a la ciudadanía sobre las medidas que adoptará el Gobierno de la República para garantizar el máximo de recursos disponibles para proteger los derechos a la defensa de derechos humanos, la libertad de expresión y la reparación integral para víctimas.