Ciudad de México, 06 de octubre de 2020. Organizaciones y personas defensoras de derechos humanos denunciaron que la comunidad rarámuri Choreachi, en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, así como sus representantes legales, se encuentran sufriendo de amenazas, agresiones y hostigamiento debido a su defensa pacífica del territorio.
En un comunicado, informaron que debido a la reclamación en tribunales de la propiedad ancestral de sus tierras han sido asesinados cuatro dirigentes rarámuri entre 2013 y 2019, han sido desplazadas decenas de familias y se ha agredido a abogados y representantes tradicionales de la cultura rarámuri, lo cual incluso llevó a la intervención del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, así como de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Choréachi reclama desde hace más de 30 años ante tribunales e instancias administrativas, con acompañamiento de Alianza Sierra Madre (Asmac), el reconocimiento y protección de su territorio ancestral y de sus bosques
, y en 2018 obtuvo una sentencia favorable en el Tribunal Superior Agrario, que actualmente se encuentra en análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
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Recientemente se ha impedido a representantes de Asmac aproximarse a la comunidad, se ha amenazado a sus representantes y se han lanzado en medios locales campañas de desprestigio contra el organismo -mencionando directamente a su directora, Isela González- por apoyar la lucha indígena.
Las y los activistas exigieron que paren las hostilidades, así como cualquier otra acción que intente descalificar, frenar o desviar la atención de la lucha que Choréachi libra en defensa de su territorio y sus bosques, así como la labor de acompañamiento de Asmac.
También pidieron que los gobiernos estatal y federal, en cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano de garantizar el derecho a preservar los derechos humanos y la labor de sus defensores, protejan la seguridad y la integridad de los habitantes de Choréachi y miembros de Asmac.
A la SCJN le solicitaron acelerar la resolución del conflicto, siguiendo estándares internacionales en materia de derechos territoriales de los pueblos indígenas.
*Con información de La Jornada