Ciudad de México, 05 de junio de 2020. La noticia de la presunta ejecución arbitraria de Giovanni López Ramírez, cometida por la policía municipal en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, desató el rechazo de la ciudadanía y las organizaciones de derechos humanos.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó la muerte, que habría ocurrido el 5 de mayo de 2020 cuando Giovanni se encontraba bajo custodia de elementos de la policía municipal de dicha localidad tras ser detenido presuntamente por no portar cubrebocas. El certificado de defunción asentaría que la causa fue traumatismo craneoencefálico.
«Es motivo de preocupación para la ONU-DH las alegaciones de que la detención del Sr. López Ramírez ocurrió en el contexto de la implementación de medidas de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y el uso obligatorio de cubrebocas en el estado de Jalisco.
La ONU-DH urge a las autoridades a realizar una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente sobre la muerte del Sr. López Ramírez en la que se incluyan todas las líneas de investigación, las circunstancias en que ocurrió y las violaciones de derechos humanos que se hubieran cometido, especialmente las relativas al derecho a la vida y al respeto a los principios de uso de la fuerza. Al día de hoy la ONU-DH no ha recibido información que justifique el uso de la fuerza letal en este caso», señaló el organismo internacional.
Por su parte, centenares de personas realizaron ayer una manifestación en Guadalajara para rechazar la muerte no esclarecida, con saldo de más de 26 personas detenidas y un número no calculado de heridas.
Además, la Secretaría de Gobernación (SG) solicitó información de las pesquisas por el probable uso excesivo de la fuerza pública que derivó en los asesinatos de Giovanni López Ramírez y el de una persona en situación de calle en Tijuana, Baja California, en el contexto de medidas restrictivas ante la pandemia.
La ONU-DH recordó a las autoridades del estado de Jalisco que, de acuerdo con el “Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias” –conocido como “Protocolo de Minnesota”–, las muertes ocurridas cuando una persona se encuentra bajo la custodia del Estado se presumen como potencialmente ilícitas y existe una presunción general de la responsabilidad del Estado, salvo que se demuestre lo contrario.
La ONU-DH señaló que también deberá determinarse si hay alguna medida que no se adoptó para prevenir la muerte, investigar a todos los funcionarios e instituciones responsables de la custodia de López Ramírez desde su detención y hasta su fallecimiento y considerar las políticas internas, cultura institucional y fallas sistémicas que contribuyeron a que una detención tuviera un desenlace letal.
Este sentido, para el organismo internacional resultaron preocupantes las aseveraciones de funcionarios estatales indicando que ya existían investigaciones penales contra elementos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos por abusos de autoridad previos a la pandemia, lo que resalta la importancia de tomar medidas oportunas para erradicar prácticas abusivas en las corporaciones policiales y atender la falta de una cultura de respeto por los derechos humanos.
Un video tomado por el hermano de la víctima muestra cuando Giovanni, de 30 años y oficio albañil, es detenido por policías que insultan a la familia, mientras ésta se queja por el maltrato que está recibiendo la víctima. La familia refirió que la detención ocurrió porque el joven no portaba cubrebocas.
El alcalde, Eduardo Cervantes Aguilar, la dijo a la familia que fueran al día siguiente por Giovanni a las instalaciones de la policía municipal. Sin embargo, al llegar al sitio, la familia fue informada que el joven trabajador había sido trasladado al Hospital Civil, donde falleció por traumatismo craneoencefálico.
En una entrevista que dio a un medio de comunicación internacional, el hermano de la víctima dijo que el cadáver tenía huellas de tortura y un balazo en la pierna.
Desde el momento de la muerte se habría abierto una carpeta de investigación por los hechos, pero el alcalde admitió que ningún policía fue despedido para investigar y que en el municipio no se dio seguimiento al asunto. Los policías habrían reportado que detuvieron a la víctima por «comportamiento violento». Apenas hoy se dio a conocer que hay tres personas detenidas por la presunta ejecución arbitraria.
En medios de comunicación trascendió que el alcalde habría ofrecido dinero y luego amenazado a la familia para que no publicara el video de la detención, así como que los policías estarían involucrados en otros episodios de abuso de autoridad.
Familiares de un testigo que fue detenido en compañía de Giovanni López denunciaron que, la noche del 4 de mayo, el joven de 30 años de edad fue torturado a golpes por los policías que lo detuvieron. La tortura se habría dado por espacio de tres horas en la comandancia municipal, de acuerdo con el testimonio de los familiares ofrecido al periodista jalisciense de Milenio, Jorge Martínez.
CEPAD AC denunció que sus integrantes que acudieron a acompañar a manifestantes agredidos por la policía en el marco de la manifestación fueron intimidadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco