Ciudad de México, 13 de mayo de 2020. Los Programas de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita expresaron su preocupación frente al acuerdo emitido por el presidente de México, pues da continuidad a la militarización de la seguridad pública y viola derechos humanos.
Las y los académicos advirtieron que lo ordenado no es suficiente para cumplir con los principios convencionales y constitucionales sobre la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad pública, como lo han mandatado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -al declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior en diciembre de 2018- y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -al determinar que la intervención de las fuerzas armadas debe ser fiscalizada y subordinada a la autoridad civil, limitarse al máximo, con estricta excepcionalidad y regulada mediante mecanismos legales y protocolos de uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y con la respectiva capacitación en la materia-.
«La publicación del acuerdo se da en un marco en el que la violencia ha incrementado paulatinamente y en el que la intervención militar no ha tenido buenos resultados: más de 250 mil personas asesinadas y más de 40 mil personas desaparecidas; uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de las fuerzas armadas (índice de letalidad de 1 herido por cada 20 asesinados por la Marina); 87% de personas detenidas por las Fuerzas Armadas (Ejército o Marina), sufrió tortura o malos tratos durante el arresto; 4 de cada 10 mujeres detenidas por Marinos fueron violadas durante el arresto», remarcaron en un comunicado.
Las y los expertos consideraron que el acuerdo es violatorio de los derechos humanos pues contraría el elemento de excepcionalidad al instruir un despliegue permanente hasta 2024; contraría el elemento de absoluta necesidad, al no incluir una adecuada coordinación entre los tres órdenes de gobierno; no hace referencia a la capacitación, ni a la implementación de un plan institucional integral, que asegure el fortalecimiento de instituciones policiacas de carácter civil y el retiro definitivo de las tropas y continúa institucionalizando la militarización de la seguridad al poner en un mando armado tal atribución.
«La militarización de la acción del gobierno, a través de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, representa un riesgo para la población en el sentido en que brindar de mayores atribuciones a las instituciones de seguridad sin control civil efectivo abre la posibilidad de restringir derechos humanos como el derecho a la libertad de tránsito, de reunión, de información, de expresión, entre otros, para la población en general, principalmente en los sectores más desfavorecidos. Esto podría fortalecer un esquema autoritario y debilitar la democracia instaurando un posible estado de excepción», advirtieron.
Ante la evidencia de que que lejos de reducir los altos niveles de violencia, la militarización ha generado un aumento de las graves violaciones a los derechos humanos, las y los defensores recordaron que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar basados en un enfoque de prevención y de derechos humanos, reservados a los cuerpos policiales civiles.
Los programas universitarios instaron al presidente de la República a derogar el acuerdo mediante el que se sigue militarizando la seguridad pública; a a formular detalladamente un plan donde se asegure la participación de la sociedad civil, la academia y las víctimas, que garantice la labor de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria y a elaborar una estrategia sobre el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública que finalice con el retiro definitivo de tropas en cinco años.